El alcalde de Armenia, James Padilla García, junto con la secretaria de Educación, Paula Andrea Huertas Arcila, y la funcionaria Milena Arango Rodríguez, profesional especializada de la misma dependencia, enfrentan una sanción de arresto y multa económica por desacato a un fallo judicial.
La decisión, emitida por el Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito de Bogotá el 28 de octubre de 2024, buscaría dar un mensaje contundente: el acceso al empleo público no debe estar condicionado por favoritismos ni trámites burocráticos mal gestionados.
Este conflicto comenzó con la acción de tutela interpuesta por Katherine Olivares, Jorge Jiménez, Viviana Bolaños y Luz Rivera, quienes señalaron la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad. Los cuatro demandantes participaron en el proceso de selección de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), aspirando a ocupar cargos en la Secretaría de Educación de Armenia. Sin embargo, los concursantes se llevaron la sorpresa 24 vacantes de auxiliar administrativo nunca fueron ofertadas, a pesar de que legalmente debían ser puestas a concurso.
El fallo de tutela, emitido el 8 de agosto de 2024, ordenaba a la Alcaldía y a la Secretaría de Educación cumplir con el reporte de esas vacantes y permitir la movilidad de las listas de elegibles. Además, incluía el nombramiento de Daniel Humberto Fonseca Ramos, actual presidente del sindicato SINTRENAL, quien tenía derecho a ocupar un cargo definitivo al terminar su provisionalidad. Sin embargo, a pesar de múltiples advertencias, las entidades involucradas no cumplieron con lo ordenado.
La respuesta de la administración de James Padilla habría sido una constante evasión. Según la juez, nunca se firmaron los actos administrativos necesarios para garantizar que las vacantes fueran ocupadas por quienes, con esfuerzo y mérito, ganaron su lugar. Incluso, las nuevas vacantes que surgieron tras ascensos internos tampoco fueron reportadas, bloqueando cualquier posibilidad de movilidad en la lista de elegibles y privando a varios ciudadanos de una oportunidad justa en el servicio público.
La presunta inoperancia de las autoridades llevó a la juez a decretar el desacato y sancionar con arresto y multa al alcalde y las funcionarias responsables. Esta sanción reflejaría la gravedad de la situación: más allá de una posible falta administrativa, este caso evidenciaría la persistencia de viejas prácticas clientelistas que frenan el avance hacia una gestión pública transparente y basada en el mérito. En palabras de los abogados de los demandantes, “este fallo marca un hito en la lucha por la meritocracia en Colombia, reafirmando que los empleos públicos deben ser accesibles para cualquier ciudadano, sin conexiones políticas ni favores personales”.
Este caso no es solo una disputa administrativa; representaría la esperanza de un futuro más justo para aquellos que aspiran a servir a la comunidad desde el sector público. La lucha de los demandantes demostraría que la sociedad colombiana está cada vez más decidida a dejar atrás prácticas de amiguismo y clientelismo, exigiendo que las oportunidades se otorguen de manera justa. El fallo judicial es una advertencia clara para lo público: las administraciones deben rendir cuentas y respetar las reglas, porque el acceso al servicio público es un derecho de todos los ciudadanos, no un privilegio para unos pocos según lo afirman los tutelantes.
Ahora, con esta sanción de arresto y multa sobre las autoridades de Armenia, quedaría en evidencia que el incumplimiento de la ley no será tolerado. La juez advirtió que si persisten en su desobediencia, se enfrentarán a sanciones adicionales e incluso consecuencias penales por fraude a resolución judicial.
La Alcaldía de Armenia, a través de su Secretaría de Educación, asegura haber cumplido con las órdenes impartidas por el Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito de Bogotá en relación con el fallo de tutela. Según su pronunciamiento, el municipio elaboró y cargó los actos administrativos de derogatoria pendientes en la plataforma SIMO 4.0, realizó cuatro nombramientos autorizados y gestionó la apertura del sistema para las audiencias de escogencia de plaza. Además, la Secretaría informa que se han registrado 11 novedades adicionales con sus respectivos nombramientos y que ha comunicado estos avances al juzgado en al menos cuatro ocasiones.
Sin embargo, pese a estas acciones, la administración municipal manifiesta su inconformidad con la decisión del juzgado de declarar el desacato, alegando que las gestiones realizadas han sido desconocidas. La Alcaldía cuestiona la interpretación del juzgado y anunció que llevará el caso ante la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, donde buscará que se revise y ratifique el cumplimiento de sus obligaciones según lo establecido en la orden judicial.
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