Gobernador del Quindío confirma que su defensa personal la paga con recursos propios

El viernes 19 de julio, varios medios de comunicación causaron revuelo con titulares sensacionalistas que acusaban al gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis, de financiar su defensa personal en una demanda electoral con dineros del Estado. Sin embargo, esta afirmación carece de fundamento y ha sido desmentida por el propio mandatario.

Los artículos publicados se basaron en suposiciones no corroboradas, sin presentar evidencia concreta de que el abogado defensor, Ricardo Andrés Jaramillo Lozano, esté siendo pagado con recursos públicos. “No sé de dónde sacan que le pago mi defensa personal con dineros del Estado: esa afirmación deberían hacerla con evidencias, pero estas no existen”, declaró Galvis Bedoya. El gobernador sostuvo que el contrato entre él y su abogado cumple con lo estipulado en el Estatuto del Abogado, asegurando que los honorarios se cubren con sus propios recursos.

La controversia surgió a raíz de una demanda por presunta doble militancia presentada por Jesús Antonio Obando contra Galvis. A medida que la demanda avanza, Obando ha desviado su enfoque hacia el abogado defensor, argumentando un supuesto conflicto de intereses. Sin embargo, esta acusación también carece de sustento legal.

La Ley 1437 de 2011, citada incorrectamente por Obando, establece que un conflicto de intereses ocurre cuando un servidor público debe tomar decisiones en su función que puedan afectar intereses personales. No obstante, el abogado Jaramillo Lozano no es servidor público, sino contratista desde 2017. Por tanto, no está sujeto a las restricciones de dicha ley.

Juan Carlos Alfaro García, actual secretario Jurídico y de Contratación de la Gobernación del Quindío, al ser consultado, conceptuó como abogado y aclaró que no existe impedimento legal para que Jaramillo Lozano ejerza dicha defensa. “Él no es servidor público, es simplemente un contratista de la gobernación, y como tal, puede ejercer su actividad de litigio sin inconvenientes. Además, el Gobernador podía contratar a cualquier abogado del país que él considerara competente para su defensa”, afirmó Alfaro.