Ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a la exgobernadora de Quindío, Sandra Paola Hurtado Palacio, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
La mandataria departamental, durante el periodo 2012 – 2015, habría incidido en el direccionamiento de, por lo menos, cuatro contratos de infraestructura y servicios vitales para la comunidad, de tal forma que quedaran en manos de la empresa INALCON SAS, representada por José Carlos Vergara Mendoza.
El material de prueba da cuenta de que la exgobernadora, al parecer, actuó en favor del contratista a cambio de dádivas que ascendieron al 15% del valor de los contratos. Adicionalmente, fueron detectadas diversas anomalías como sobrecostos por más de 5.400 millones de pesos, los cuales buscaban garantizar el pago de las comisiones pactadas y afectaron gravemente las finanzas del departamento.
En ese sentido, hay evidencia de que parte de ese dinero, exactamente $3.102’237.981, habría terminado en las arcas personales de la hoy acusada; mientras que $2.329’584.150 fueron a parar a las cuentas del contratista.
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