La Corporación Regional de Quindío, CRQ, ha desatado un intenso debate tras la participación de la empresa Don Pollo, representada por su presidente Juan Carlos Uribe, en la elección del director de la entidad, a pesar de estar involucrada en procesos sancionatorios activos. Este hecho ha suscitado cuestionamientos sobre la integridad del proceso y ha puesto en evidencia posibles conflictos de interés que podrían comprometer la imparcialidad de la CRQ.
La situación se remonta a una visita realizada por la CRQ a los predios de Don Pollo, donde se comprobó por ejemplo que uno de los establecimientos no cumplía con la normativa vigente en cuanto al manejo de residuos peligrosos. Según el Decreto 4741 de 2005, es obligatorio contar con una bodega de acopio temporal de residuos peligrosos, así como disponer de un plan de gestión integral de residuos y un plan de contingencia para atender cualquier accidente o eventualidad. Sin embargo, Don Pollo no cumplía con estos requisitos, lo que llevó a la apertura de procesos sancionatorios en su contra.
Los procesos que tiene activos son: 1) El 026-2014, presuntos vertimientos de aguas residuales no domesticas (para proferir fallo); 2) 067-2014, presuntamente por no contar con concesión, presunta intervención en Distrito de Conservación (para proferir pliego de cargos); 3) 087-2016, presunto incumplimiento a los estándares de emisiones admisibles (para proferir pliego de cargos); 4) 005-2015, presunto aprovechamiento forestal, presunta intervención en área de forestal protectora (para proferir fallo). Este último, el 005-2015, corresponde a la empresa Mi Pollo, de los mismos propietarios. ¿Yo te elijo, tú archivas mis procesos?
Estos procesos, que aún no han sido resueltos, son supervisados por el director de la CRQ, quien es el encargado de designar al funcionario que llevará adelante las investigaciones. Ante esta situación, Don Pollo estaba inhabilitado para participar en la elección del nuevo director de la entidad, dado el evidente conflicto de intereses. A pesar de ello, la empresa votó en dos ocasiones: primero por Jáider Lopera, y luego, tras la anulación de su elección por parte del Consejo de Estado, por Esteban Cortés, hoy nombrado irregularmente como director encargado.
La irregularidad se da porque el 29 de julio se había presentado una recusación con la siguiente referencia: “recusación contra miembros del consejo directivo en el marco del proceso de remoción del director general y designación del respectivo encargado”; y la elección del director encargado se desarrolló el 15 de agosto sin que la recusación se resolviera.
Esto tumba el argumento de que la elección se podía hacer, dada a conocer por los asesores jurídicos de la CRQ, que señalaron que la “actuación administrativa era independiente, pues no existía ninguna recusación en su contra, lo que facultaba a los consejeros a proceder con la aceptación de la renuncia y el posterior nombramiento de un director encargado”.
Demostrando con material probatorio lo anterior (recusaciones), el abogado Felipe Urrea radicó ante la Procuraduría General de la Nación, en documento dirigido a Leydy Bohórquez, procuradora regional de instrucción del departamento del Quindío, una “solicitud de investigación disciplinaria con suspensión a los consejeros directivos que designaron como director encargado de la CRQ a Esteban Cortés en sesión ordinaria del 15 de agosto de 2024, debido a que las recusaciones para la designación del director encargado de la CRQ sí afectaron el cuórum del Consejo Directivo y se habían trasladado a la Procuraduría, conforme al Artículo 12 de la ley 1437 de 2011; por lo tanto, la Procuraduría General de la Nación es competente para resolverlas”.
Así mismo, solicitó “la suspensión provisional de los cargos a los consejeros directivos que participaron en esta decisión, pues procedieron a designar director encargado, pese a estar suspendido el procedimiento administrativo y estar en trámite ante la Procuraduría las recusaciones; por lo tanto no tenían competencia; además de que el cuórum para decidir requería siete (7) consejeros, de los cuales al momento de la designación solo había seis (6) de los cuales cuatro (4) estaban recusados, violando la mayoría absoluta establecida en los artículos 32 y 41 de los estatutos de la entidad”.
La participación de Don Pollo en estas votaciones ha generado una gran polémica, ya que la empresa no se declaró impedida a pesar de las recusaciones presentadas en su contra. Se espera un pronunciamiento oficial de su presidente Juan Carlos Uribe. Este hecho ha puesto en tela de juicio la transparencia del proceso y ha levantado sospechas sobre posibles irregularidades en la elección del director de la CRQ.
La Procuraduría ha sido llamada a intervenir, ya que, a pesar de que ha pasado casi un año, no ha resuelto de fondo las recusaciones que pesan sobre los miembros del Consejo Directivo de la CRQ. La falta de una decisión clara por parte de la Procuraduría ha permitido que la controversia se mantenga, lo que aumenta las dudas sobre la imparcialidad del Consejo Directivo y de la propia CRQ en este caso.
La situación en torno a Don Pollo (incluidas las empresas de los mismos propietarios) y su participación en la elección del director de la CRQ pone de manifiesto la necesidad de una revisión exhaustiva de los procedimientos y mecanismos de control dentro de la entidad para garantizar la transparencia y la justicia en sus procesos sancionatorios.
Aquí Finito…, ¿allá quién?
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Opinión por Finito
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