La Veeduría Ciudadana Armenia y Quindío ha interpuesto una denuncia penal contra varios miembros del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) por presuntas conductas dolosas relacionadas con la elección ilegal del Director General de la entidad. Los denunciados incluyen:
La denuncia también solicita incluir a los secretarios del Consejo Directivo y a los jefes de las oficinas jurídicas y de control interno que participaron en los procesos, quienes habrían escogido el camino de la ilegalidad.
Según la denuncia, durante el segundo semestre de 2023, el Consejo Directivo de la CRQ procedió a la elección ilegal de su Director General. A pesar de las advertencias de veedores ciudadanos y organismos de control sobre las irregularidades en el proceso, los miembros del Consejo continuaron adelante, presuntamente abusando de su autoridad y torciendo los caminos legales.
Los delitos por los cuales se les acusa incluyen concusión, cohecho propio, tráfico de influencias, prevaricato, abuso de autoridad, abuso de función pública, abuso del derecho y peculado culposo, entre otros. La gravedad de estas acciones se ve incrementada por el hecho de que, durante varias reuniones, algunos miembros del Consejo, incluyendo delegados del Gobernador del Quindío y representantes de la Presidencia de la República y el Ministerio de Ambiente, advirtieron de la ilegalidad de las decisiones tomadas.
El Tribunal Contencioso Administrativo del Quindío, en su Sala Tercera de Decisión, emitió el pasado 11 de abril de 2024 una sentencia que anuló la elección de Carlos Efrén Granada Madrid y Jhon Elvis Vera Suárez como miembros del consejo directivo de la CRQ. Posteriormente, el Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, con sentencia del 18 de julio de 2024, declaró nula la elección del Director de la CRQ para el período 2024-2027.
Las normas violadas incluyen las leyes 1437 y 1952 del Código General Disciplinario y la Ley 599 del Código Penal, resaltando que los implicados, en su calidad de servidores públicos, actuaron dolosamente, conscientes de las implicaciones de sus actos.
La denuncia solicita a la Fiscal General de la Nación que, en ejercicio de sus competencias, actúe en defensa de la moralidad administrativa y tome las medidas necesarias para garantizar la justicia, esperando que se establezcan sanciones ejemplares para evitar futuras transgresiones en la administración pública.
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