Por Camilo González Posso
Presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ
Con tantos acontecimientos turbulentos que vive Colombia en 2021, se puede pensar que se ha entrado a una fase de crisis de los subsistemas a todos los niveles; que es al tiempo fase de desequilibrios extremos, de cambio y posibilidad de rupturas, en el régimen político y en los modelos socio económicos, cuyo desenlace va a marcar toda la década.
Después de 50 días de insubordinación social generalizada están al desnudo procesos, sujetos y fuerzas contradictorias, interactuando y chocando para darle curso a la historia del presente y del inmediato futuro.
El régimen hegemónico intenta recomponerse recurriendo a la fuerza y a pequeñas reformas que le den tiempo para recuperar otra “normalidad”. El gobierno, en medio de su desprestigio, acentúa sus instrumentos de represión y reagrupa a los partidos de la coalición en estrategias de guerra interna que incluyen como objetivo a la protesta social.
En la coyuntura, la represión y el terror han escalado contra el levantamiento urbano, pero no logran imponer el miedo ante el surgimiento de múltiples formas de resistencia y de la revolución de aspiraciones que se expresa en la turbulencia acelerada.
Después de 50 días de Paro Nacional y movilizaciones, el gobierno ha desplegado fuerzas excepcionales ante la insubordinación que ha llegado momentáneamente a un techo y tiende a dar paso a diálogos locales sin negociación nacional. Al mismo tiempo desde cada espectro, el del poder desde arriba y el del poder de la revuelta, se ha mostrado la fuerza y la debilidad.
Es en ese juego de procesos en donde se ven las posibilidades de un primer desenlace que puede combinar, reestructuración del régimen y del gobierno y acumulación de procesos para nuevos estallidos. Pero esa trayectoria, en condiciones de alta disipación e inestabilidad, puede incluir mayor crisis de gobierno por su incapacidad de ofrecer soluciones y por las pugnas en la coalición uribista. Una posibilidad es el deterioro de la situación con nuevas formas de militarización contestadas desde protestas fraccionadas: crisis arriba y falta de cohesión abajo para precipitar los cambios en lo inmediato.
En todo caso, un impase en la coyuntura tiende a estar acompañado por movimientos societarios y configuración de poderes populares desde la base que seguirán marcando esta fase crítica tanto en la movilización de protesta, como en la interacción con redefiniciones institucionales y en la campaña para las elecciones de nuevo congreso, en marzo de 2022 y de Presidente de la República, en mayo – junio del próximo año.
Desde el régimen se pretende una recomposición definiendo la situación como una nueva guerra o prolongación de la anterior: guerra al terrorismo de baja intensidad; guerra a la conspiración internacional de socialismos, al narco terrorismo o a la fantasmagórica revolución molecular.
Desde el bloque uribista las amenazas a la normalidad del régimen son presentadas como amenazas a la seguridad del Estado, al orden constitucional que no respeta, pues gobierna desde la arbitrariedad y el acomodo de la legalidad a su amaño.
El supuesto carácter terrorista de la amenaza, que el uribismo imagina camuflada en medio de las protestas urbanas y rurales, les justifica reforzar el totalitarismo, inventar estados de excepción y recomponer el Estado de Guerra que de hecho han mantenido, con variaciones, en los últimos setenta años.
Una de las preguntas pertinentes es si ese régimen, con sus viejos y nuevos aliados, podrá aplastar el levantamiento iniciado en abril de 2021 como ha hecho en el pasado con las rebeliones pacificas; tal como ocurrió con el genocidio al gaitanismo, el fraude en la sombra para mantener el Frente Nacional en 1970, la dictadura del Estado de Sitio, elevada a esencia de gobierno, en el Post-Frente Nacional y ante el paro cívico de 1977. Y la imposición a toda la sociedad de la guerra paramilitar entre 1995 y 2010.
Otra manera de ver el problema es preguntar si este levantamiento que se da, en buena parte, por las condiciones abiertas por los acuerdos de paz y la oportunidad de transición al postconflicto, podrá ser el acelerador de una ruptura, de un salto hacia la democracia de solidaridad, con nuevas fronteras de bienestar y nuevos paradigmas, o será sometida por las hegemonías que han imperado en Colombia. Muchos en el bloque hegemónico hicieron el aprendizaje en una guerra de setenta años, con 15 millones de víctimas y 500.000 homicidios políticos. Han sido maestros en una lógica implacable de respuestas cívico-militares a las luchas sociales, como si fueran parte de la guerra antisubversiva o contra el narcoterrorismo, pero ahora se encuentran ante procesos sociales y políticos que no se dejan encuadrar en los lenguajes y estrategias de las guerras y que han abierto un periodo histórico de ruptura desde poderes alternativos construidos en la calle, en la comuna, en la democracia directa.
El 28 de abril de 2021, en uno de los picos más altos de la pandemia del COVID 19 en Colombia, millones de colombianos respondieron al llamado a un Paro Nacional Indefinido, convocado por el comité que llamó a otro paro nacional en noviembre de 2019. Según el informe de la Policía Nacional, en los primeros 44 días, hasta el 10 de junio se habían registrado 13.205 acciones en el 77 % el territorio nacional, incluidas 6.738 concentraciones, 2.399 marchas, 3.369 bloqueos de vías y 666 movilizaciones.[1] Hay que agregar centenares de eventos realizados en 25 países del mundo.
Esas estadísticas muestran la amplitud de la explosión social que se lee en toda su dimensión agregando otras expresiones multitudinarias como la participación de millones de familias en los llamados cacerolazos y si se tiene en cuenta la interacción de personas y colectivos, en decenas de millones de mensajes en las redes sociales y la conformación de redes de resistencia y solidaridad en centros urbanos y en comunidades rurales étnicas y campesinas. La sociedad colombiana entera ha estado en acción siguiendo minuto a minuto los acontecimientos, tomando partido, expresándose desde la intimidad, en el vecindario, en comunidad y en la movilización en el espacio público.
En estos momentos de turbulencia general no se puede hablar de la causa y ni siquiera de las causas de la insubordinación, pues hay que entender la matriz de procesos y determinantes implicados y autorregresivos:
Procesos reivindicativos contra las medidas neoliberales/neoconservadoras de empobrecimiento e inequidad en medio de la pandemia.
Procesos de resistencia a la recomposición de violencias y del Estado de Guerra contra la transición a la paz.
Procesos regionales contra la sobreexplotación, el despojo y la discriminación de territorios.
Procesos sectoriales de reivindicación: camioneros, maestros, pescadores, sindicalistas, asalariados del Estado, pensionados, desescolarizados, desterrados, victimizados.
Procesos de re-emergencia de movimientos societales revolucionados: de mujeres, género, ambientales, étnicos, artísticos y de juventudes.
Procesos políticos alternativos de oposición democrática al gobierno autoritario y al régimen totalitario hegemónico.
Revolución cultural antisistema. Contra el individualismo, el consumismo, la depredación y la alienación; por la emergencia de nuevas espiritualidades, multi e interculturales y de paradigmas de la vida, la ciencia y de lenguajes de la imaginación y la creatividad.
El llamado Pliego Nacional de Emergencia se invocó como detonante del encadenamiento de reivindicaciones que responden a las medidas antisociales del gobierno en la coyuntura de catástrofe y depresión económica en medio de la pandemia.[2]
Ese pliego sintetiza el repudio a los símbolos de la inequidad y el totalitarismo al reclamar la derogatoria de la reforma tributaria y de la política que pretende justificar medidas impositivas de saqueo a los pobres y a la clase media a favor de los más ricos y poderosos; al incluir la exigencia de implementación de los acuerdos de paz y exigir el freno a la dinámica de asesinato de líderes sociales, de excombatientes reincorporados y la contención de la escalada de masacres; al reclamar garantías efectivas para los derechos a la salud, a la educación, a la participación y consulta, y garantías para la protesta pacífica sometida a la brutalidad policial y al tratamiento de guerra.
El papel que ha desempeñado ese Comité de Paro en las jornadas de 2019, no obstante, sus limitaciones de composición y representatividad, ha permitido que ahora en 2021 sea reconocido su liderazgo y que desde muchos sectores se acoja la convocatoria como oportunidad para expresar el descontento e indignación con la ingobernabilidad, la indolencia y la corrupción del régimen. Es también oportunidad para repudiar la ausencia de respuestas a exigencias locales, regionales y sectoriales; para expresarse contra la indiferencia ante el bloqueo total de oportunidades para la juventud agravada en la recesión y en la pandemia; ante la exacerbación de la discriminación, el machismo y el racismo; y para señalar la incapacidad del gobierno de prevenir y desarticular grupos armados paramilitares y mafiosos que se recomponen en el posacuerdo aprovechando la no implementación integral, acelerada y de buena fe de los acuerdos de paz.[3]
Los sujetos colectivos empoderados en estas causas y resistencias se movilizan en el Paro Cívico Nacional concurriendo con sus imaginarios y reivindicaciones, como ondas que se sincronizan en un huracán de ilusiones y de aspiraciones. Se confunden en la insubordinación general y al mismo tiempo mantienen sus identidades como procesos, como subsistemas de un complejo dinámico en desequilibrio.
Se puede hablar de diversidad de procesos y de motivaciones, de niveles anillados que tienen intensidades distintas, aspiraciones y formas particulares de implicarse en la insubordinación general. También horizontes y tiempos distintos en los que se pueden distinguir los que quieren soluciones a la urgente necesidad de supervivencia cotidiana, los que quieren cambio de políticas y los que por pensamiento u obra configuran fuerzas hacia transformaciones estructurales, de régimen y sistema. Los primeros pueden ser los más explosivos; entre los segundos están los inclinados a la negociación sectorial o de grupo, y entre los terceros están los reformistas más radicales y los movimientos revolucionados de largo aliento.
La denominación de Paro Cívico Nacional es la que parece ajustarse mejor a las características de la convocatoria pues los protagonistas son las multitudes plurales, existe en la acción de protesta y no desde la huelga empresarial o el paro decidido por asalariados. Lo que fue concebido como unas jornadas de exigencias de emergencia en medio de la crisis económica y la pandemia, se convirtió en una explosión social en la que todos y cada sector y comunidad salió a reclamar con su pliego de demandas represadas y al rechazar las políticas del gobierno.
La brutalidad de la respuesta de la fuerza pública, con asesinato de jóvenes en las comunas o barriadas de Cali, fue respondida por mayor indignación y a diversa escala la secuencia fue replicándose en todo el país en una escalada de represión brutal contestada con levantamiento popular y acumulación de reclamos contra políticas anti sociales simbolizadas en la reforma tributaria y en la negativa del gobierno a responder a los gravísimos problemas del empobrecimiento, el hambre, el desempleo, las quiebras y una larga lista de calamidades en medio de la pandemia.
Todos estos procesos y demandas están interrelacionados por la emergencia de los ya mencionados movimientos societarios con un papel protagónico central de la juventud, de la Minga étnica, las mujeres, los artistas y la revolución del conocimiento, que incluye a estudiantes y al conjunto de la academia.
La juventud y las mujeres están ocupando la primera línea de las resistencias y de una gran revolución de conciencia y cultural que impregna las movilizaciones. Al mismo tiempo se articulan los procesos en resonancia y desequilibrio con la presencia en acción de varias generaciones, que se expresan en colectivos, en formas novedosas de organización y de construcción de democracia directa desde la comuna, el barrio, la vereda, la junta, el cabildo, la asamblea y la explosión de poderes populares desde la base social y de nuevas territorialidades urbanas y rurales.
En el Suroccidente, Tolima, Putumayo, Catatumbo, La Guajira, Caldas, Antioquia, entre otros, ha sido notable el papel de la Minga Indígena con sus expresiones de solidaridad con la protesta urbana y sus proclamas por un cambio de sistemas y paradigmas. En esta ocasión como en las movilizaciones de la última década, la Minga Indígena no se centra en listas de reivindicaciones sino en propuestas de redefinición de estructuras sociales y políticas. Esta Minga representa dentro del Paro Cívico Nacional el cuestionamiento más radical al modelo neoliberal/neoconservador, llamando a un nuevo pacto de la sociedad humana con la madre tierra, a colocar la vida de todos en el centro de las cosmovisiones, y llamar a la convivencia pacífica pluricultural, con respeto a las autonomías, identidades y territorialidades.
El levantamiento ha sido nacional, generalizado, pero al mismo tiempo ha tenido diferencia de radicalidad y modalidades de acción y de represión por regiones. En la geografía nacional se pueden distinguir regiones de la insubordinación.
La región con mayor potencia de movilización ha sido el Suroccidente, con epicentro en Cali, que incluye al Valle, Cauca, Nariño y Putumayo. Allí se articula hacia el norte el eje cafetero y hacia el oriente Huila. Bogotá y la Sabana cundiboyacense están en segundo lugar. Les sigue Medellín y todo el Valle de Aburrá; Santanderes en el polígono que conforma Bucaramanga, Magdalena Medio y Catatumbo. En la Orinoquía y el Andén Pacífico, con población más dispersa, la movilización se ha expresado en las capitales, lo mismo que en la Costa Caribe con acciones en muchos municipios, aunque sin la radicalidad de Cali o el Suroccidente.
De conjunto la insubordinación ha sido urbano – rural, con 80 % de las acciones en centros urbanos y 20 % en las vías con presencia de grupos campesinos, étnicos y de camioneros en paro. Más de la mitad de las acciones radicales de protesta se han presentado en el Suroccidente con epicentro en Cali, en donde también se ha concentrado la brutalidad de la represión desatada por el gobierno.[4] Junto con Cali, se han desplegado acciones en Buenaventura, Norte del Cauca, Popayán, Pasto y en casi todos los municipios de la región incluidos 11 del Valle del Cauca. Algo similar había ocurrido a finales de 2019 cuando el paro nacional.
Bogotá y la zona central ha sido otro de los polos de la protesta, con permanente movilización urbana, conformación de puntos de resistencia y corte de vías o bloqueos con impacto en casi todos los municipios de Boyacá y Cundinamarca. Junto con el Valle del Cauca y la ruta del eje cafetero hasta La Línea, ha sido la región con mayor impacto del paro de los camioneros y volqueteros.
En las otras regiones el Paro Cívico Nacional ha contado con manifestaciones, concentraciones, puntos de resistencia y cortes de vías, al ritmo de las convocatorias nacionales; en algunas ciudades se han presentado confrontaciones ante la brutalidad policial, especialmente en Medellín, Pereira, Armenia, Ibagué, Bucaramanga y Cartagena.
El gobierno informó de 3.369 bloqueos de vías dentro de las ciudades y de tránsito intermunicipal, entre el 28 de abril y el 10 de junio de 2021. La mayoría de esos bloqueos han sido cortes de poca duración en vías de tránsito urbano. Los puntos de resistencia prolongados organizados con las comunidades que rodean la llamada Primera Línea se han dado en Cali (31) y en Bogotá (8). Los camioneros y volqueteros ubicaron más de 150 puntos de bloqueo en vías de la región central y en menor número en otras regiones; se mantuvieron esperando respuesta a exigencias mínimas sobre peajes y chatarrización que el gobierno dilató privilegiando la represión y la amenaza de expropiación de vehículos.
El paro en Buenaventura ha sido de gran impacto por el bloqueo a las operaciones en el principal puerto de Colombia y se prolongó por la ineptitud del gobierno en solucionar elementales exigencias de cumplimiento de los pactos de inversión firmados en 2017.
En muchos sitios se han realizado mini bloqueos espontáneos, organizados por pequeños grupos pacíficos que desde veredas han salido a las vías secundarias y terciarias a acompañar las jornadas de movilización. La Minga Indígena ha realizado intermitentes bloqueos en la vía panamericana entre Cali y Popayán y otras comunidades indígenas y campesinas han salido a plantones con bloqueos cortos en Caldas, Choco, Córdoba, Nariño, Caquetá, Huila, Putumayo, La Guajira y en el entorno de territorios colectivos.
Han sido bloqueos pacíficos, sin gente armada, con corredores humanitarios para la misión médica y bienes de consumo. Se han presentado choques cuando ha intervenido brutalmente el ESMAD.
Esa explosión de bloqueos prolongados ha sido muestra de la radicalidad de la protesta y al mismo tiempo un factor de su desgaste al convertirse en el mayor foco de confrontación, represión, con serias afectaciones al transporte de alimentos, elementos de salud y bienes para la subsistencia cotidiana. La negativa del gobierno a ofrecer inmediatas soluciones y a negociar entrampó los bloqueos mas críticos (Buenaventura, camioneros, puntos de resistencia) y la apertura de los llamados corredores humanitarios y la transformación de bloqueos en puestos de control comunitario no impidió que se debilitara la conexión del movimiento con sectores de la población afectados ya por la crisis.
Los bloqueos permanentes, o de duración traumática para la población, han sido considerados inconvenientes por el Comité Nacional del Paro y por los sectores más organizados que han buscado dar solución dialogada a situaciones críticas que escapan a directrices centrales.
No debe olvidarse que aunque la atención del gobierno y los medios de comunicación se haya concentrado en los bloqueos y confrontaciones violentas, las expresiones multitudinarias se han registrado en más de 10.000 acciones que suman concentraciones, marchas pacificas, eventos culturales y cacerolazos, realizadas en ciudades y en centros poblados. Esta es la fuerza mayor de la insubordinación social que se conjuga con la construcción de nuevas formas organizativas desde el control comunitario y los puntos de resistencia.
Estas movilizaciones muestran la amplitud de la explosión social que ha tenido expresiones en más de 862 municipios de los 1.122 que tiene Colombia y al mismo tiempo la heterogeneidad de formas de acción, intensidad de las confrontaciones y los niveles diversos de reivindicaciones que confluyen en sentimientos comunes y en un rechazo generalizado al gobierno y al régimen encabezado por el uribismo. Las consignas más frecuentes en las marchas, concentraciones, plantones, bloqueos, puntos de resistencia, eventos culturales, muestran el sentido político suprapartidista contra el régimen: “Que lo vengan a ver, que lo vengan a ver, esto no es un gobierno son los paracos en el poder”; “Uribe paraco, el pueblo está verraco”
La heterogeneidad y diversidad se manifiesta también en la descentralización y autonomía de organizaciones, formas de representación y vocería.
El Comité Nacional de Paro está integrado por los ejecutivos de las centrales sindicales, con presencia de segundo plano de voceros de algunas organizaciones de tercer nivel de jóvenes, mujeres, indígenas y ONG. Esa representación parcial ha sido suficiente para orientar las convocatorias a jornadas nacionales como las del 28 de abril, 1o, 6, 12, 18 y 28 de mayo y 9 de junio.[5]
En las ciudades, municipios y veredas en donde han seguido las convocatorias especialmente con marchas pacíficas, como en la Costa Caribe y Antioquia, se han conformado comités de coordinación y redes.
En Cali el protagonismo central lo han tenido las Unidades de Resistencia desde las comunas y barrios, los artistas y los estudiantes, que se coordinan en asambleas locales, de ciudad, con la Minga Indígena y la red de organizaciones de comunidades negras de la subregión que cubre hasta el Norte del Cauca y Buenaventura. El Comité de Paro de Buenaventura tiene su origen en los paros de 2017 y se identifica con la defensa de lo pactado desde hace cuatro años, intentado conducir la multiplicidad de expresiones de protesta en ese puerto.
El desgaste de la estrategia de guerra y del modelo violento de reproducción son parte de la crisis del régimen
La persistencia de la insubordinación y la protesta a pesar de la brutalidad de la represión desencadenada en contra del Paro Cívico Nacional es un signo de las dificultades de la transición al postconflicto y al mismo tiempo muestra la crisis del régimen y del gobierno uribista.
El detonante de la explosión o insubordinación social no fue solo el empobrecimiento de la población en choque con las políticas inequitativas, sino el que éstas se han pretendido imponer reforzando el totalitarismo e intentando recomponer un Estado de Guerra desarticulado por los acuerdos de paz y las dinámicas y expectativas de transitar a un postconflicto democrático.
El triunfo electoral del uribismo basado en la coalición de fuerzas del régimen, marcó una etapa en la contra ofensiva para desmontar los acuerdos de paz y reestablecer ese Estado de Guerra que ha sido soporte de un régimen que se basa en la violencia para acumular riqueza y reproducir su poder en todas las esferas.
Pero a diferencia de lo ocurrido en décadas pasadas, el proyecto totalitario de la ultraderecha ahora choca con la emergencia de fuerzas transformadoras defensoras de una paz construida en pactos y en transformaciones estructurales basadas en la solidaridad, la democracia real, la equidad, el pluralismo, la no violencia, el rechazo al poder mafioso y corrupto y la realización de los derechos humanos con vigencia efectiva del Estado Social de Derecho.
La aprobación de los acuerdos de paz en noviembre de 2016, y los procesos que ha desencadenado o reforzado en la conciencia colectiva, ha impulsado hacia adelante profundos movimientos societales que son vistos con razón como amenaza para el régimen corrupto autoritario. Por esto la respuesta de guerra a la protesta es parte de la estrategia general de refundación del Estado, de mantener el dominio mediante el terror y de aplastar a toda oposición o proyecto alternativo acusándolo de ser parte de una conspiración criminal, de un plan de potencias extracontinentales o del narcoterrorismo internacional.[6]
El gobierno ha quedado atrapado en su fanatismo neoconservador y en su propia camisa de fuerza militarista. Se trata de un gobierno de crisis desde el origen, secuestrado por un caudillo experto en la guerra paramilitarizada, que montó un gobierno paralelo desde el 7 de agosto de 2018 y lo destapó como para – gobierno al momento de la crisis mayor de ingobernabilidad, cuando el Paro Nacional y la insubordinación social pacifica desplegó su mayor fuerza sobreponiéndose a la brutalidad policial.
Las órdenes desde el para- gobierno, presentadas como declaraciones del partido Centro Democrático, pero en realidad dictadas por el caudillo, le quitaron capacidad de diálogo o negociación al gobierno. El caudillo se impuso desconociendo acuerdos y preacuerdos en las mesas de conversación con el Comité de Paro, con los voceros cívicos de Buenaventura, con los camioneros o en las mesas locales en Cali, el Cauca, Huila, Putumayo y otras latitudes. Para el jefe del partido que somete al gobierno e impone su mandato en la Fiscalía y órganos de control, es preferible asumir los costos de aplastar la protesta y militarizar los puntos de resistencia o bloqueo, que concertar medidas socioeconómicas, de garantías de seguridad y políticas públicas con poderes construidos en la calle.
El gobierno bicéfalo ha logrado reestructurar alianzas para contener la crisis. Intentó disminuir la presión retirando el proyecto de reforma tributaria que fue detonante del paro del 28 de abril, cambió al ministro de hacienda que ha encabezado las políticas antisociales neoliberales,; cambió ministros ampliando cuota a aliados del Cambio Radical y del Partido de la U, anunció un pequeño programa para bajar costos de matrícula en universidades públicas, y desempolvo un paquete económico y social que tenía aprobado desde febrero de 2021.[7] En la última semana ha ampliado los programas de vacunación y ha flexibilizado las medidas de cuarentena en la pandemia. Todos han sido anuncios unilaterales que en la estrategia del uribismo no quieren ser presentados como pactos en mesas de negociación con los voceros del paro o de expresiones de la protesta social.
Al momento de mayor despliegue de la movilización y de formas inéditas de represión, en la semana seis de la insubordinación, no parecen abrirse escenarios de negociación de lo fundamental ni se vislumbran respuestas desde el gobierno a las demandas de cambio. El gobierno y el paragobierno, con sus aliados del régimen, se la juegan a recomponerse en la coyuntura, desarticular con represión, aislar los sitios más radicales de la protesta en el Suroccidente, hacer pequeñas concesiones locales o sectoriales, para así ganar tiempo manejando su propia crisis y apostando a reestructurar su proyecto en el escenario electoral.
La estrategia de guerra y represión no ha pasado a la dictadura abierta con régimen de excepción porque el presidente ha contado con instrumentos institucionales para encubrir la militarización y ha puesto en acción el alineamiento y subordinación de casi todos los poderes del Estado al gobierno y al gobierno paralelo. Tiene también como freno la presión desde la comunidad internacional que le ha apostado a la implementación de los acuerdos de paz en Colombia y a la estabilización hacia el postconflicto. Ante la coyuntura y los abusos contra los derechos humanos, se ha hecho sentir la alerta desde Naciones Unidas y sus agencias en Colombia, de la Unión Europea y embajadas, desde gobiernos y congresos en Latinoamérica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la administración Biden y las mayorías demócratas en Estados Unidos.
Desde el lado de los procesos de la insubordinación y protestas sociales, los logros son leídos en las concesiones arrancadas, en la preservación de fuerzas, en nuevas formas organizativas y de acción que siguen activas aún en momentos de repliegue como el que se avizora en junio.
La escalada de represión y de militarización tiene al frente un poder social y popular que no logra disolver. La recomposición del gobierno y sus intenciones de reestructurarse para superar la crisis no tienen el camino fácil en una situación en la cual la depresión económica y la pandemia siguen presentes y los tiempos políticos se acortan. El signo mayor de la coyuntura y de toda esta fase que puede ser prolongada es de inestabilidad, desequilibrio, propensión a nuevas crisis y a explosiones sociales ante cada arremetida del régimen y su modelo autoritario neoliberal/neoconservador.
Esa descripción que hice antes del mapa del paro nacional y de sus niveles de organización, puede ayudar a comprender el alcance y limitaciones de la insubordinación social, su integración como movimiento social que choca con el modelo económico y político excluyente y autoritario y con la conducción del régimen y del gobierno manejado por el uribismo. Como movimiento social, que anuda múltiples procesos, no responde a los partidos políticos independientes y de oposición ni a sus iniciativas electorales. La base social de la protesta es mayor que la de esas corrientes partidistas contando con el respaldo de 75 % de la opinión ciudadana en la mayoría de las encuestas. Esto quiere decir que mucha gente que apoyó a Iván Duque Márquez contra Gustavo Petro Urrego en las elecciones de 2018 ahora se ha involucrado en la protesta, en sus acciones o en el respaldo a las demandas. No existe una relación directa entre ese apoyo al paro y alineamiento partidista o político. Pero la dinámica electoral tendrá vasos comunicantes con la movilización social al mismo tiempo que autonomías y lógicas internas que estarán en juego en el segundo semestre de 2021 y primeros meses de 2022.
En este escenario de movilización y concesiones sin negociación central, de explosiones subregionales y jornadas nacionales que pueden ser decrecientes y espaciadas en el segundo semestre de 2021, todas las fuerzas estarán en escena trasladando las expectativas a las elecciones presidenciales de mayo de 2022.
Es poco probable que se llegue a pactos políticos de trámite de la crisis en una consulta, referendo o convocatoria a una asamblea constituyente.
Cualquiera de esas opciones requiere la aprobación del Congreso de la República, de conformidad con el ordenamiento constitucional que exige votaciones calificadas y realización de votación en fecha distinta a las elecciones para órganos de representación, mandatarios territoriales o presidente de la república. Ni cuadran los tiempos ni existen condiciones a corto plazo para un pacto político que incluya a las vocerías plurales de la movilización y del paro nacional.[8]
Una salida con cambios constitucionales, como ha ocurrido en Chile, ha sido propuesta por varios sectores, pero pasa por un acuerdo con las mayorías del Senado de la República que están alineadas en la coalición de gobierno, tal como mostró el respaldo al ministro de Defensa al negar la moción de censura en medio de la represión que ha producido decenas de homicidios por la acción de la fuerza pública. Es un Congreso que está de salida con la mayoría de los senadores y representantes dedicados a la preparación de sus campañas de reelección buscando porcentajes corruptos en contratos de inversión a costa del presupuesto nacional o de las entidades territoriales.
En la legislatura del segundo semestre de 2021 la iniciativa legislativa la tendrá el gobierno con el trámite de una pequeña reforma tributaria y de algunas medidas para atender la emergencia sanitaria y subsidios para los más pobres y para las empresas al borde de la quiebra y grandes grupos económicos.
Los clanes políticos clientelistas, los partidos de la coalición de gobierno y sectores del partido liberal entraran en la micropolítica para administrar siete millones de subsidios y el uribismo para condicionar su estrategia al objetivo de ganar las elecciones presidenciales armando una alianza de la derecha y la ultraderecha del espectro político. En esa agenda hasta mayo de 2022 no les cuadra pactar con la oposición o con los voceros del paro, ni consulta ni constituyente alguna.
A pesar de las lecturas entusiastas de los sectores más radicales, en esta coyuntura la insubordinación social no ha cobrado la fuerza necesaria para precipitar una ruptura revolucionaria e imponerle al régimen y al gobierno uribista una consulta o constituyente alineada con las demandas de cambio antisistema o de reformismo democrático. En realidad, estamos ante la doble paradoja en la cual los de abajo no aceptan vivir como antes, los de arriba no logran gobernar como antes, pero los primeros no pueden tumbar al gobierno y el régimen no tiene la capacidad para aplastar el levantamiento y sus movimientos revolucionados.
El dilema que está planteado en la dura realidad de la coyuntura no es entre revolución y contrarevolución, sino entre guerrerismo y paz positiva, entre reforma con cambio del régimen autoritario, corrupto y mafioso o reestructuración sin cambio.
Pero en la Colombia de hoy la reforma con cambio del régimen y derrota del paragobierno, es toda una revolución que estará al orden del día en este presente continuo. Cada uno de los procesos que han configurado la insubordinación de mayo de 2021, seguirá activo e implicado con los otros, incluidos los movimientos societales que son de largo aliento.
En las elecciones de marzo y mayo del 2022 se conjugarán de alguna manera los procesos sociales y las alternativas políticas en una primera gran prueba de la posibilidad de cambio de régimen y alteración del modelo neoliberal/neoconservador. Cualquiera que sea el resultado, lo que sigue será la profundización de la crisis, pues un gobierno de centro izquierda o de centro que siga por el camino de la paz, de la implementación de los acuerdos con nuevos pactos de solución negociada, que introduzca leves políticas redistributivas y planes desde la equidad y la solidaridad, será enfrentado por la ultraderecha y las mafias con la consigna de hacer el país ingobernable. Otro gobierno del uribismo, aliado con la derecha y ultraderecha del régimen, intentará imponerse con el Estado de Guerra y adecuarse a las pautas de recuperación económica dictadas desde las potencias multinacionales. Ese continuismo tendrá al frente otra insubordinación social y política.
Las dinámicas de cambio serán distintas en las opciones de gobierno para el periodo 2022 – 2026. La crisis de un gobierno de centro o centro izquierda tiene mayor probabilidad de desenlace en un cambio de régimen con apertura democrática o sintonía con el reformismo radical de los movimientos societales y con la superación definitiva del largo ciclo de guerras y solución de conflictos con uso de las armas. La crisis de recomposición del régimen autoritario desde un gobierno de la ultraderecha, sería el caldo de cultivo para más violencia desde el poder y para estallidos radicales. La implementación de los acuerdos de paz sería desmantelada completamente y se les daría mayor cabida a nuevas guerras contra el narcoterrorismo y contra el socialismo antisistema imaginado en las protestas, en la oposición y en el pensamiento crítico.
Es muy difícil predecir los ritmos e intensidad de la insubordinación social que seguirá en los próximos meses y años en forma subterránea y con explosiones coyunturales precipitadas por iniciativas represivas y medidas neoliberales antisociales en la pandemia y recuperación postpandemia. Tal vez se puede decir que Colombia seguirá oscilando en medio de una crisis crónica, con equilibrio de fuerzas encontradas y desequilibrio en todos los ámbitos de la política, la economía y la vida social. Los jóvenes de la primera línea de la resistencia hablan del “paro después del paro” para decir que no ven soluciones a corto plazo y que se necesitaran otros levantamientos y mucha imaginación para que se logren los cambios de fondo.
_______________________
[1] Informe del Ministerio de Defensa, Balance del paro nacional 2021, corte 10 de junio.
[2] Ver Conclusiones de la Junta Directiva Nacional Extraordinaria, en https://fecode.edu.co/index.php/pliego–de–peticiones–comite–nacional–de–paro/20–noticiasprincipales/293–encuentros–departamentales–escuela–territorio–de–paz–y–iii–congreso–pedagogiconacional.html
[3] Gonzalez Posso C, 2021, en http://www.indepaz.org.co/colombia–en–el–borde–del–caos–puede–evitarotra–guerra/
[4] Ver La Explosión de Cali es la del Valle, El Pacífico y el Suroccidente, en http://www.indepaz.org.co/laexplosion–de–cali–es–la–del–valle–el–pacifico–y–el–suroccidente/
[5] El informe presentado por el Comité Nacional de Paro a la CIDH el 8 de junio de 2021, incluye una relación detallada de las jornadas y de las conversaciones con el gobierno. Ver https://www.colectivodeabogados.org/informe–de–comite–nacional–de–paro–a–la–comisioninteramericana–de–derechos–humanos/
[6] Ver Informe de Temblores ONG, Indepaz y Paiis a la CIDH sobre la violación sistemática de la Convención Americana y los alcances jurisprudenciales de la Corte IDH con respecto al uso de la fuerza pública contra la sociedad civil en Colombia, en el marco de las protestas acontecidas entre el 28 de abril y el 31 de mayo de 2021, en, http://www.indepaz.org.co/informe-de-temblores-ong-indepaz-ypaiis-a-la-cidh/
[7] Jiménez G, 2021, en http://www.indepaz.org.co/reforma–tributaria–de–2021–mas–de–lo–mismo–frentaa–la–creciente–protesta–social/
[8] El artículo 376 de la Constitución política de Colombia establece que “Mediante ley aprobada por la mayoría de sus miembros de una y otra cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca a una Asamblea Constituyente con la competencia, el período y la composición que la misma ley determine”. La convocatoria por el congreso o por iniciativa popular tendrá control de la Corte Constitucional y no puede incluir cambio o sustitución de la Carta Política.
TOMADO DE REVISTA SUR
https://www.sur.org.co/colombia-2021-2022-el-paro-despues-del
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