Bernardo Moreno, exsecretario de Álvaro Uribe, se entregó a las autoridades por corrupción

Bernardo Moreno Villegas, quien se desempeñó como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) durante el gobierno de Álvaro Uribe, se entregó voluntariamente a las autoridades en la ciudad de Armenia para cumplir una condena de 5 años y 7 meses de prisión. La detención se produce después de que la Corte Suprema de Justicia dejara en firme la sentencia en su contra por el delito de tráfico de influencias en el marco del escándalo de la “Yidispolítica”.

Moreno Villegas, quien ocupó el cargo de director del Dapre entre el 19 de julio de 2004 y el 7 de agosto de 2010, fue condenado por su participación en un esquema de corrupción en el que se ofrecieron sobornos y nombramientos en altos cargos gubernamentales a cambio del voto favorable de la excongresista Yidis Medina para la reelección presidencial de Álvaro Uribe en 2006.

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del Quindío indicó a Caracol Radio Armenia: “En efecto el día de ayer en horas de la mañana se presentó de manera voluntaria a las instalaciones de este comando departamento el señor Bernardo Moreno Villegas manifestando que en su contra reposaba una orden de captura, en tal sentido se verifica la información y se procede a dejarlo a disposición del juzgado 015 de Ejecución de Penas de la ciudad de Bogotá que es la autoridad que lo requiere”.

La Corte Suprema de Justicia, en su fallo, detalló que aunque Moreno Villegas no se reunió directamente con Yidis Medina para ofrecerle puestos, utilizó su posición de poder para asegurar que se cumplieran las promesas hechas a la excongresista, lo que permitió la aprobación del proyecto de Acto Legislativo n.º 267 de 2004, que modificó la Constitución para permitir la reelección presidencial inmediata.

La sentencia contra Moreno Villegas también destacó que este, a través de sus asesores, intervino en nombramientos en entidades como la Red de Solidaridad Social, el Sena, Etesa y notarías, cumpliendo con los compromisos ilícitos adquiridos en el “pacto ilegal” con Medina Padilla.