SuperFinanciera y SuperServicios ponen la lupa en el último chicharrón de Hidroituango

A través de un comunicado, la Superintendencia Financiera de Colombia pidió al gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, aclarar algunos punto clave sobre la nota de prensa publicada en la página web de Semana el 22 de octubre de 2021, en la que se advierte que “si hay cambio de contratistas en Hidroituango, el BID se retirará del proyecto”, todo esto con el fin de brindarle información veraz, clara, suficiente y oportuna al mercado de valores.

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La SuperFinanciera expresó su preocupación y pidió precisar los riesgos derivados de la posible terminación del contrato y la cesión de este a un tercero, así como su impacto en situación financiera y jurídica de la sociedad, precisando entre otros aspectos:

• Efectos jurídicos y contables en la situación general de la sociedad de llegarse materializar una cesión de los contratos asociados a la construcción del proyecto hidroeléctrico Hidroituango.
• Efectos financieros sobre la sociedad, particularmente sobre el flujo de caja y el perfil de riesgo de liquidez.
• Efectos sobre los contratos de operaciones de crédito vigentes con instituciones financieras locales, extranjeras y multilaterales, así como la potencial activación de covenants de aceleración y otras condiciones relevantes pactadas en estos contratos.
• Afectación en el cronograma previsto para la finalización del proyecto e impactos financieros derivados de obligaciones futuras de prestación del servicio.

Por sus parte, La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – Superservicios, también requirió de información con ocasión de la posible cesión de los contratos asociados a la ejecución del proyecto Hidroituango sobre los siguientes asuntos:

• Informe detalladamente el análisis de los riesgos derivados de la posible cesión de los contratos asociados a la ejecución de obra del Proyecto Hidroituango, con la matriz de riesgos actualizada donde se contemple esta posible cesión.
• Informe cómo podría afectar el cronograma de entrega de la obra y el cumplimiento de las obligaciones de energía en firme asociadas al proyecto Hidroituango, en caso de cederse los mencionados contratos o en caso de que se obligue a la cesión y no se encuentre a un cesionario.
• Informe cuáles son los efectos en la financiación del proyecto que pueden derivarse de la posible cesión de los contratos asociados a la ejecución de obra del Proyecto Hidroituango, incluyendo pero sin limitarse al retiro del BID del proyecto.

Por su parte, tras conocerse la posible retirada del BID, el presidente Iván Duque se pronunció frente a la situación y afirmó que el proyecto no puede darse el lujo de la salida de ese organismo.

“El BID genera credibilidad y confianza por sus prácticas sociales y ambientales. Su posible salida puede poner en riesgo la continuidad de la hidroeléctrica”, dijo el mandatario.

A esta declaración presidencial, se sumó un contrapunteo de cartas que viene desde el pasado jueves. Ese día el Consorcio constructor CCC Ituango, con firma a bordo de Santiago García Cadavid, su representante legal, le solicitó a EPM que defina la continuidad o no del contrato para la construcción de la presa, central y obras asociadas.

“En diferentes oportunidades hemos manifestado nuestro compromiso para continuar ejecutando el contrato que hoy está vigente hasta el 31 de diciembre del año en curso y brindarle a EPM el apoyo que esté a nuestro alcance con la ejecución de las obras faltantes, siempre y cuando la entidad así lo considere pertinente”, señaló la carta.

EPM responde comunicados

En relación con una carta del Consorcio CCC Ituango que viene circulando en diferentes medios de comunicación sobre la continuidad o no del contrato de obra del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, Empresas Públicas de Medellín se pronunció frente al tema aclarando que con el Consorcio CCC Ituango han sostenido reuniones desde mucho antes del fallo de responsabilidad fiscal emitido por la Contraloría General de la República, intentando resolver temas relacionados con costos, cronograma del Proyecto y claridad sobre los consorciados, temas que deben dilucidarse antes de decidir sobre la prórroga del contrato.

Frente a esto EMP explica que, desafortunadamente, no ha sido posible obtener la aprobación de parte del Consorcio, pese a las diferentes propuestas que le ha extendido la Compañía.

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Por otro lado, la empresa de servicios públicos también explicó que, siendo conocedora del proceso en curso en la Contraloría General de la República, ha desarrollado estrategias que permitan enfrentar los posibles escenarios que se desprendan del mismo. Por esto emprendió un Plan de Acción con el que busca encarar la eventualidad de que algunos contratistas del Proyecto no puedan o no quieran continuar con su ejecución.

“La Empresa se ve obligada a ser previsiva ante el anuncio de la Contraloría General de la República de vincular en su investigación a 26 personas naturales y jurídicas por su presunta responsabilidad fiscal en las pérdidas por $ 4,3 billones . A lo anterior se suma la declaratoria de reorganización empresarial que ante la Superintendencia de Sociedades vienen surtiendo algunos consorciados”, confirmaron a través del comunicado.

Esta semana, EPM les comunicó a los representantes del Consorcio que la Empresa siempre ha estado interesada en la continuidad del Proyecto Hidroeléctrico.

Por tal razón, le propuso al Consorcio que, si es de su interés y teniendo presente que es su derecho, postule lo más pronto posible empresas cesionarias que lo sustituyan en la ejecución del Proyecto.

En el mismo acto de aprobación de la cesión, se prorrogaría el plazo del contrato con el fin de continuar las obras con las cesionarias. Para definir esta opción, las partes acordaron una nueva reunión el próximo martes, 26 de octubre.

Finalmente, la empresa aclara que el cambio de alguno de los contratistas o consorciados actuales del Proyecto no es una situación que obedezca a la voluntad de EPM. Esto sería consecuencia de la eventualidad que el fallo de responsabilidad fiscal quede en firme, lo que llevaría a los contratistas actuales a perder la capacidad jurídica y financiera, teniendo presente que esto generaría una inhabilidad sobreviniente en el marco del artículo 9 de la ley 80 de 1993.

Y con base en las posibilidades que otorga la Ley, entre ellas la cesión del contrato y la búsqueda de un nuevo contratista, EPM buscaría hacer un tránsito armónico que garantice la terminación adecuada de la futura central de generación de energía.

Colprensa / La República.

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