La Procuraduría emitió un pliegue de alertas y recomendaciones sobre Hidroituango, y aseguró que si bien es necesario poner en funcionamiento las unidades de generación de energía, hacerlo sin las pruebas necesarias representa un alto riesgo.
Es de anotar que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha indicado en varias oportunidades que prefiere no «apurar» la puesta en operación de la hidroeléctrica, a pesar de las fechas que se habían puesto como límites, pues el mandatario sostuvo que sin terminar las pruebas necesarias, sería muy riesgoso poner en marcha la generación de energía.
En esa misma tónica se pronunció la Procuraduría, que emitió 10 conceptos, y en uno de ellos indicó: «Es necesario poner en funcionamiento las unidades de generación porque es la manera de mitigar el riesgo sobre la represa. Sin embargo, desde la perspectiva de la Gestión del Riesgo de Desastres, poner a funcionar el sistema sin haber hecho todas las pruebas necesarias representa un riesgo alto».
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Ante esta situación, y teniendo en cuenta que las comunidades aguas abajo de Hidroituango continúan en contingencia, es necesario reforzar «el llamado que hace la Procuraduría para que se priorice el cumplimiento estricto de las pruebas necesarias de todos los equipos y sistemas antes de poner a funcionar cada unidad de generación, para así garantizar la estabilidad del proyecto, la seguridad de los trabajadores y de las comunidades».
Pese a que la Procuraduría respaldó la decisión del alcalde al afirmar que sin las pruebas suficientes es mejor no poner en operación el proyecto, si hablaron de que tardar mucho tiempo también podría incrementar el riesgo.
El riesgo se incrementa por el tiempo de exposición a una amenaza, de allí que cualquier demora en las obras o pruebas necesarias para poner en funcionamiento las unidades de generación representa un mayor riesgo para los trabajadores y para las comunidades aguas abajo de la presa.
El objetivo de estos hallazgos y recomendaciones es brindar elementos de juicio a las autoridades competentes para la toma de decisiones que deriven en la definición de las acciones pertinentes para mitigar los actuales riesgos del Proyecto Hidroituango.
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