El sujeto exigía la suma de 500 mil pesos anuales a sus víctimas
El GAULA de la Policía Antioquia capturó en flagrancia a un hombre de 27 años, señalado de extorsionar a comerciantes y propietarios de fincas en los municipios de Heliconia y Ebéjico.
El sujeto exigía la suma de 500 mil pesos anuales a sus víctimas, amenazándolas con atentar contra su integridad o obligarlas a abandonar sus propiedades si no accedían a pagar.
Según las investigaciones, el capturado era el encargado de recolectar el dinero producto de las extorsiones y entregarlo a las estructuras del Clan del Golfo. Alrededor de 60 personas, entre comerciantes y propietarios de fincas, se encontraban bajo la amenaza de este grupo criminal.
En que terminó la historia de alias » Pichi»
Durante una visita realizada a Medellín por la ministra de justicia, Ángela Buitrago aseguró que la Juez tenía siete comunicaciones del INPEC desde el mes de julio y el Gobierno ya había hecho todo lo que corresponde en el caso de alias «Pichi
La funcionaria, aseguró que el INPEC fue notificado a las 8 de la mañana de este viernes 11 de octubre, sobre la revocatoria de la medida domiciliaria de alias «Pichi», a lo que respondieron desde el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas Seguridad de Medellín que realizaron el proceso según lo indica la ley.
En un comunicado firmado por la juez, Mónica Patricia Londoño Yarza, rechazaron las afirmaciones hechas en los diferentes medios de comunicación y redes sociales, donde han indicado que fue en Medellín donde concedieron la prisión domiciliaria a Óscar Camargo Ríos alias “Pichi” y aclaro que, a ese Despacho Judicial, le fue asignada la vigilancia de la pena impuesta al ciudadano por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga en sentencia del 23 de abril del 2020.
Así mismo, explicaron que, “lo que tiene que ver con las trasgresiones a la prisión domiciliaria, no es la realidad procesal que una vez se reciba el reporte procede inmediatamente la revocatoria del beneficio, pues la ley consagra el trámite incidental en el que luego de su inicio, se surten los traslados correspondientes para que la persona condenada y su defensor, alleguen las explicaciones correspondientes, luego se procede a emitir decisión de fondo. Obviar lo anterior, constituiría una violación al debido proceso y derecho de defensa, pilares de la correcta y justa impartición de justicia”.
Desde el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas Seguridad de Medellín, hicieron un llamado general para que la información que se publique en relación con este proceso o cualquier otro trámite judicial, sea verificado con fuentes conocedoras del mismo y, por supuesto, del derecho, para que no se genere malestar en la comunidad ni desconfianza frente a la prestación del servicio de justicia.
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