En desarrollo de la estrategia Argenta, dispuesta para perseguir las rentas de las organizaciones de crimen organizado y el narcotráfico, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares sobre 21 bienes, que habrían sido adquiridos con dineros producto del tráfico de estupefacientes, extorsiones y minería ilegal.
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Los predios afectados con suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro están ubicados en Necoclí y Medellín (Antioquia); Montería, San Bernardo del Viento y Tierra Alta (Córdoba).
Los cálculos preliminares dan cuenta de que su valor podría superar los 14.000 millones de pesos.
Se trata de 5 inmuebles rurales, 11 urbanos y 5 cinco vehículos, que figuran a nombre de varios integrantes de una misma familia que habrían prestado sus nombres para que les fueran escriturados.
Según la investigación, los activos pertenecerían a los cabecillas de la organización ilegal los Chatas, entre ellos Édinson Maya Ríos, alias Gomelo; y su hermano Juan David Ríos García, alias Willi.
En el desarrollo de la investigación también se logró determinar la participación del núcleo familiar de Edison Maya Ríos, así como de Alba Luz Bolívar Betancourt. Estas personas habrían prestado sus nombres para dar apariencia de legalidad a bienes adquiridos por la familia Castaño Gil.
Dichos activos, al parecer, luego eran entregados como donación a la fundación por La Paz de Córdoba (Funpazcord), la cual habría sido utilizada por los hermanos Castaño Gil para legalizar los despojos de tierras y el lavado de activos obtenido producto de sus actividades ilícitas.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración de los bienes ocupados con fines de extinción de dominio.
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