El Gobierno nacional decretó un cese al fuego hasta junio de 2023 contra estructuras criminales, pero para ejecutar el proceso de Paz Total requerían suspensión de las órdenes de captura de los voceros.
La Fiscalía General de la Nación, en un documento de 7 páginas, negó la solicitud que le había hecho el Gobierno nacional de levantar las órdenes de captura vigentes en contra de los representantes del Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y de los Pachenca (Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada), designados para los acercamientos exploratorios de la llamada Paz Total.
Allí el ente acusador explica que esta petición no procede. Argumenta que estos grupos no tienen carácter político y su único camino es someterse a la justicia.
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“Frente a los grupos armados organizados de carácter político con los que se adelanten diálogos es razonable centralizar en el fiscal general la concesión de los beneficios necesarios para proceder con esa negociación. No ocurre lo mismo con integrantes de grupos armados que deben someterse a la justicia ordinaria, en buena medida porque los beneficios que reciban no pueden desbordar el marco de legalidad bajo el cual los jueces ordinarios competentes deberán decidir”, explica en el documento la Fiscalía.
En este sentido, indica que no existe un marco normativo que precise los términos del sometimiento de Grupos Armados Organizados (GAO) sin carácter político ni de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto.
“Sin este marco jurídico legal para el sometimiento a la justicia, no puede el ente investigador y acusador proferir una resolución en desmedro de los derechos fundamentales de las víctimas. Por ello, la postura de la Fiscalía es que la concesión de beneficios judiciales para los miembros de estas estructuras armadas, como la suspensión de órdenes de captura, debe estar precedida de unos términos legales de sometimiento a la justicia y de un régimen de condicionalidad al cual deberán acogerse estas personas”, dice la Fiscalía.
Por último, el ente acusador dice que el que un fiscal pueda suspender medidas penales tomadas por jueces de la República es una limitación a los principios de separación de poderes y autonomía judicial.
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El pedido del Gobierno Petro de suspender las órdenes de captura contra los líderes y voceros del Clan del Golfo y los Pachenca se dio porque ambas organizaciones ingresarían a las negociaciones del llamado proceso de Paz Total que adelanta el Estado.
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En el caso de las AGC o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que operan principalmente en Antioquia, Córdoba y Chocó, las solicitud, fechada el pasado 11 de enero (ver abajo), pedía suspender los requerimientos judiciales contra estos integrantes, que hacen parte de la cúpula:
El anuncio de la Fiscalía de no aceptar la suspensión de las órdenes de captura se suma al obstáculo que ya había tenido la Paz Total con el Eln.
El pasado 4 de enero, el ministro del Interior, Alfonso Prada, informó que el Gobierno nacional decidió suspender el decreto del cese bilateral con esa guerilla.
“Ante la posición asumida públicamente ayer, hemos decidido suspender los efectos jurídicos del decreto 2657 del 31 de diciembre de 2022 y en el siguiente ciclo se reactivaría el diálogo sobre este particular”, expresó Prada.
Según el Gobierno, aunque el Eln había manifestado buscar un cese al fuego bilateral. Sin embargo, a última hora decidieron no aceptarlo y por tal motivo el ejecutivo tomó la decisión de suspender la ejecución del decreto. La decisión del cese la tomó el Gobierno por la voluntad que había demostrado el Eln con el reciente cese unilateral.
Con otros 2 grupos armados ilegales quedaron en firme los decretos expedidos en esta materia. Por eso debe haber un cese bilateral por parte de esas organizaciones hasta el próximo 30 de junio, bajo el compromiso que, según el Gobierno, han manifestado con el tema.
Con el Estado Mayor Central Farc-EP, que lidera alias Iván Mordisco, se avanzaría en la definición de protocolos para las conversaciones de paz. Mientras que con la Segunda Marquetalia, encabezada por Iván Márquez, se definiría la metodología de la mesa de diálogo para su sometimiento.
En ese contexto, ahora solo habría negociaciones con esas estructuras porque el tema se enredó con el Eln, el Clan del Golfo y los Pachenca. Además, el marco jurídico con las estructuras criminales urbanas es un tema a definir para que también se sumen.
“El Gobierno, a su vez, valora muy positivamente la voluntad de paz urbana de los grupos que operan en Buenaventura, Quibdó, Barranquilla, Medellín y el área metropolitana, Tumaco, Cali y Tuluá, con los cuales se han adelantado acuerdos básicos de respeto a la vida y se desarrollarán mecanismos para la transición hacia el estado de derecho”, afirmó Prada.
Con información de Colprensa.
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