Cuando se encontraba rezando la novenas de aguinaldos en la vereda San Perucho, del municipio de Andes, fue asesinado el líder comunitario Gustavo de Jesús Orozco Ramírez.
El crimen del presidente de la junta de acción comunal de esta localidad del Suroeste de Antioquia ocurrió la noche del 23 de diciembre pasado.
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En esa oportunidad, las autoridades informaron que 4 delincuentes llegaron al inmueble, preguntaron por el líder y le dispararon sin mediar palabra alguna. El hombre, quien había liderado varios proyectos comunales para su vereda, falleció en el lugar.
Con este caso, el departamento de Antioquia cerró el 2021 con 24 líderes asesinados, siendo el departamento con la cifra más alta. Según las estadísticas entregadas por la Defensoría del Pueblo, el 20 % del total de los casos de líderes sociales ultimados en Colombia, que fue de 145, sucedieron en Antioquia, con un promedio de una muerte cada 15 días.
Un total de 145 #LíderesSociales y defensores de #DDHH fueron asesinados en 2021. Para la @DefensoriaCol siguen siendo preocupantes las acciones de los grupos armados ilegales contra esta población, aunque se registre una cifra menor que la de 2020
👉🏼 https://t.co/7sXEkfHE6I pic.twitter.com/3izKvwpsQY— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) January 18, 2022
El territorio paisa fue seguido por Cauca, con 22 homicidios; Valle del Cauca, con 19; Chocó, con 10, y Nariño, Norte de Santander y Putumayo, cada uno con 9 víctimas, concentrándose el 70 % de los homicidios de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos.
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Para el defensor del pueblo Carlos Camargo son muy preocupantes las acciones por parte de los grupos armados ilegales contra esta población, a pesar que los homicidios disminuyeron en un 20 % en comparación con el 2020, donde fueron asesinados 182 líderes.
“Lamentamos profundamente cada uno de los casos, por el impacto que tiene sobre las comunidades. Repudiamos esos hechos que se dan principalmente por el accionar criminal de los grupos armados ilegales. No podemos ahorrar esfuerzos en la lucha contra la criminalidad, ni mucho menos para garantizar que los líderes y lideresas puedan seguir adelantando su importante labor en favor del estado social de derecho”.
Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
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