La venta de computadores propiedad de la Alcaldía de Medellín podría dar paso a un proceso penal. /FOTO: CORTESÍA.
Mientras la Alcaldía de Medellín sigue entregando computadores a estudiantes de 9°, 10° y 11° de las instituciones educativas públicas de la ciudad, otros aprovechan para hacer negocio con el beneficio, pues hace unos días, se descubrió que hay gente intentando poner a la venta estos equipos a través de redes sociales. Piden hasta $ 800.000.
“Vendo pc, es del Gobierno, pero está melo, deja descargar y todo está formateado”, dice una de las publicaciones en el Marketplace de Facebook.
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Estos computadores entregados durante la administración del alcalde Daniel Quintero, buscan reducir la brecha digital entre los estudiantes de los colegios oficiales de Medellín. Desde 2022 ha entregado más de 130.000 equipos a jóvenes de las 16 comunas.
Aunque se desconoce si hay una investigación oficial, Blu Radio se dio a la tarea de revisar si había otras ofertas de computadores y encontraron dos: una en Manrique y otra en San Javier.
Al consultar con las autoridades, estas afirmaron que la venta de estos computadores es un delito, ya que es un préstamo que se hace cada año a los estudiantes.
“Vender los Computadores Futuro es un delito que comete quien lo compre y quien lo venda, por lo tanto el acudiente que firmó la planilla, al igual que quiénes realizaron la transacción deberán responder ante las autoridades”, expresaron de manera escrita.
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Así mismo, informaron que cada computador está asegurado contra robo y daño, además de tener un programa de monitoreo especial que reporta su uso y ubicación una vez estén conectados a internet.
“Si se presenta robo, serán bloqueados inmediatamente, dejándolos sin utilidad”, se puede leer en uno de los apartes del programa Computadores Futuro.
Cuando culmine el año escolar, los estudiantes deben regresar los computadores para que les realicen el mantenimiento respectivo, y cuando vuelvan a matricularse, se les regresa; por esa razón, si llegan a final de año sin el computador y sin haber reportado su pérdida o robo, se puede iniciar un proceso penal contra el acudiente.
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