El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares en protección de su vida y la de su familia, y de sus derechos políticos.
En su visita a la sede de ese órgano, en Washington, Daniel Quintero se reunió con Joel Hernández García, comisionado de la CIDH y relator para Colombia; Maria Claudia Pulido, secretaria Ejecutiva Adjunta de la CIDH; y Fernanda dos Anjos, coordinadora de la Sección de Medidas Cautelares.
“Como todos saben, las demandas y denuncias que hemos hecho sobre Hidroituango ha puesto en grave riesgo mi vida y la de mi familia. Por eso el día de hoy, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hemos puesto en evidencia estas amenazas. Lamentablemente el Estado Colombiano sigue incumpliendo el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Procuraduría viene violando la Convención Americana de Derechos Humanos”.
Ante la @CIDH pusimos en conocimiento las amenazas en contra de mi vida y la de mi familia. Además, denunciamos la violación de la Convención Americana de Derechos Humanos por la Procuraduría General. Solicitamos garantías en ambos casos. pic.twitter.com/hghdVFc9I5
— Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) February 24, 2022
De manera urgente, el alcalde relató las amenazas que ha recibido desde antes de iniciar su mandato y desde que se posesionó en el cargo, en enero de 2021.
Hizo énfasis en el aumento de estos hechos en los últimos meses a través de correos, mensajes en redes sociales y la construcción de planes para atentar contra su vida que fueron revelados por fuentes humanas.
Quintero, además, recordó que en en el año 2020, 199 líderes sociales fueron asesinados en Colombia, según cifras del del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – Indepaz.
Y recordó que en el 2021 se reportaron 168 y en lo que va del 2022 han muerto de forma violenta 30 más, dos de ellos el 22 de febrero.
Por último, sostuvo que el Estado colombiano no ha cumplido con lo manifestado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre que ninguna autoridad administrativa puede impedir la defensa de una autoridad elegida democráticamente, lo cual expone que tampoco se ha cumplido con la sentencia de la misma CIDH en julio de 2020 en el caso de Gustavo Petro y que obliga a tomar medidas jurídicas para prevenir que se repitan violaciones a los derechos políticos.
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