En una sentencia emitida en la noche del 16 de febrero, la Corte Constitucional tumbó la facultad de juez que le habían sido entregadas en 2021 a la Procuraduría General de la Nación.
El ministerio público mantendrá las funciones de investigar, sancionar e incluso inhabilitar a los elegidos por voto popular pero las decisiones sólo serán aplicables tras la revisión del Consejo de Estado.
Así, indica la Corte, no se perjudicarán los derechos del elegido y de su electorado.
El texto fue celebrado por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien fue suspendido en el 2022 por la Procuraduría de Margarita Cabello.
Hoy ganó la democracia.
— Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) February 17, 2023
La Corte reiteró que es la autoridad administrativa quién debe tomar decisiones que podrían interferir el mandato popular.
El presidente Gustavo Petro también se manifestó al respecto, recordando que lo expresado por la Corte ya estaba claro en el articulo 23.3 de la Convención de las Américas, que hace parte del bloque de constitucionalidad.
Al insistir en que: «a ninguna persona se le pueden quitar sus derechos políticos sino por sentencia de juez penal», el Presidente anuncio que el Ejecutivo presentará «un proyecto de ley al respecto, ojalá en consenso con la actual Procuraduría»
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