El fallo del Consejo de Estado, sobre la prohibición de entrega de títulos mineros en zonas ambientales estratégicas, forma un precedente en el impulso a una política ambiental diferente que plantea el Gobierno de Gustavo Petro.
Un pacto por la vida, desde su campaña presidencial tuvo como bandera el ámbito ambiental y además de regular actividades de la minería, se debe proteger todos los recursos naturales como forma de impulsar la paz y el buen vivir en las regiones.
Los principales impactos de la actividad minera es que destruye la corteza terrestre, contamina las aguas, hace una afectación profunda a la fauna y flora del entorno y produce enfermedades para las personas que viven cerca de las minas.
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En el norte de Colombia, entre 2000 y 2007 se deforestaron 19 hectáreas de cada mil, cuando el promedio de la nación fue de 5 por cada mil. De manera más crítica, desde la ciénaga de Ayapel, en Córdoba, hasta la margen occidental del río Nechí, en el bajo Cauca antioqueño. Además, la tasa de mortalidad infantil representa que de cada mil nacidos vivos, 18 mueren por las secuelas de esta actividad.
Deforestación Amazonas
El Sistema de Monitoreo Antinarcóticos de la Policía (Sima) ha identificado en todo el país 6330 puntos, donde se saca oro de aluvión. Que representa 95 mil hectáreas con total afectación por efectos de esta extracción sin control y la mayorìa de las veces hecha de forma ilegal y por presión de grupos armados al margen de la ley.
Por eso, con este fallo se forma un precedente al impulso de una política ambiental diferente que plantea el Gobierno de Gustavo Petro. Con la inversión en conservación de bosques, reducción de la deforestación, transición a sistemas de transporte no basados en energías fósiles o energías no renovables.
Un replanteamiento inmediato de las reglas en la extracción de minerales y la transición hacia la reconversión del petróleo.
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Nueva política minera de Petro en Colombia