La demanda señala que Julián Mauricio Ruíz, estaba inhabilitado para ser electo en este cargo.
Carlos Alberto López, contralor suspendido de Villavicencio, presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Cundinamarca con la que busca retirar del cargo al recién electo contralor de Bogotá, Julián Mauricio Ruiz, pues según argumenta, el funcionario estaba inhabilitado por haber ejercido un año antes de ser elegido, el cargo de contralor general y vicecontralor General de la República, igualmente aseguró que Ruíz habría influido dentro del Concejo de Bogotá, quien lo eligió para el cargo el pasado 17 de mayo.
Adicional a la anulación de su cargo, el demandante solicita que el contralor Ruiz, sea suspendido provisionalmente.
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«El doctor Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, fue elegido contralor Distrital de Bogotá 2022-2025, estando inhabilitado de conformidad con el numeral 2 del artículo 95 de la ley 136 de 1994, es decir, por ejercer autoridad administrativa en Bogotá D.C., durante el año inmediatamente anterior a la fecha de su elección, por haber ostentado dentro de este plazo de tiempo el cargo de contralor General de la República encargado, y vice contralor General de la República encargado y en propiedad», señala el documento presentado ante el tribunal.
Además, uno de los parágrafos del documento señala que que «nadie podrá ser elegido simultáneamente alcalde o miembro de una corporación o cargo público, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente», siendo este uno de los argumentos similares a los que se utilizaron en el Tribunal Administrativo del Meta que suspendió en su momento a Carlos Alberto López, cuando ejerció su cargo como contralor de Villavicencio.
Es importante mencionar que durante el el proceso de elección del Contralor que llevó a cabo el Concejo de Bogotá, Ruiz fue blanco de muchas críticas por estar participando de la convocatoria de la Contraloría Distrital, cuando él revisó la resolución que estableció las reglas del proceso actual, labor que según algunos cabildantes, debió excluirlo de la convocatoria pública.
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Ante estas acusaciones en su momento Ruíz respondió que: «El acto legislativo de 2019 dispuso una orden constitucional para la Contraloría General de desarrollar los términos generales de la convocatoria para la elección de contralores territoriales, pero apegados a las condiciones de la Constitución. Antes estaba establecido que las entrevistas tenían un valor del 10 %, pero esa calificación era subjetiva, ahora lo que establece esta resolución es que el 60 % corresponde a la prueba de conocimientos y el 40 % a lo que establece la hoja de vida».
Y agregó, «yo no encuentro ninguna ventaja a mi favor y por eso mismo me inscribí, de lo contrario no hubiera puesto en juego mi carrera profesional que no tiene una sola tacha, ni una sola investigación».