Los bienes también estaban ubicados en Montenegro (Quindío), Bucaramanga (Santander) y Bogotá.
Este sábado se conoció que la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación «impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro» a 26 inmuebles, que estarían al servicio de una red ilegal señalada de alterar y falsificar medicamentos y alimentos en varios departamentos del país.
Según el informe suministrado por el ente investigador, dichos bienes afectados «están ubicados en Soacha (Cundinamarca), Montenegro (Quindío), Bucaramanga (Santander) y Bogotá».
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El reporte suministrado por la Fiscalía General de la Nación señala además que «en dichos predios la organización delincuencial, conocida como ‘Los Pastilleros’, presuntamente acopiaba los productos, les modificaba las fechas de fabricación y vencimiento, entre otros registros».
El organismo informó además que «les daba una apariencia de autenticidad para venderlos por encargo o comercializarlos en Bogotá, especialmente en las localidades de Engativá, Puente Aranda, Fontibón, Tunjuelito, Antonio Nariño, Los Mártires, Suba, Bosa, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal», en la capital del país.
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La Fiscalía adelantó la investigación que permitió desvelar esta empresa criminal. Fuentes del ente investigador señalaron además que «las propiedades, avaluadas en 13.900 millones de pesos, fueron identificadas y ocupadas gracias al trabajo conjunto de la Fiscalía y la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá. Los inmuebles quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración».
Según recordaron las fuentes, «la Fiscalía General de la Nación garantiza el derecho al acceso a la justicia de los habitantes del territorio nacional, por medio de la investigación de las conductas punibles, el ejercicio de la acción penal y de la acción de extinción del derecho de dominio, en el marco del debido proceso. Así mismo, protege los derechos a la verdad y a la reparación de las víctimas de los delitos y participa activamente en el diseño y la ejecución de la política criminal del Estado