10 establecimientos de comercio de Pereira que pretendían comercializar licor adulterado y fraudulento a sus clientes, fueron cerrados por el equipo operativo de la Dirección de Fiscalización y Gestión de Ingresos de la Secretaría de Hacienda de Risaralda, durante las visitas realizadas entre el 1º de enero y el 13 de mayo de este año.
Este dato fue entregado por la directora de Fiscalización y Gestión de Ingresos del departamento, Carmen Julia Gutiérrez Suárez, en el último comité anticontrabando adelantado en la Secretaría de Hacienda departamental.
“Nos preocupa que estos establecimientos pongan en riesgo la salud y la vida de sus clientes, al comercializar licor adulterado y/o fraudulento. Los clientes confían en lo que consumen en un establecimiento que está abierto al público y, no imaginan que lo que compran puede generarles consecuencias en su salud”, dijo Carmen Julia Gutiérrez Suárez.
Las consecuencias para un propietario que decide vender este tipo de bebidas adulteradas y fraudulentas no solo pasa por las sanciones económicas, quienes deben pagar una sanción que alcanza 15 veces el impuesto al consumo dejado de pagar, más el valor del impuesto, sino, además, asumir un cierre inicial de tres días pero que puede alcanzar hasta un mes o más”, precisó la directora de Fiscalización de Risaralda.
Los casos de adulterado pasan a la Fiscalía
La directora de Fiscalización de Risaralda, Carmen Julia Gutiérrez Suárez, comentó que lo más delicado para el propietario que decide vender este tipo de bebidas, es que todos los casos de licor adulterado deben ser trasladados a la Fiscalía General seccional Risaralda.
“Vender una bebida adulterada es atentar contra la vida y salud del ser humano que lo consume, por esta razón, este caso pasa a las manos de la Fiscalía, quien desde el punto de vista legal determinará las medidas a tomar frente al que las produce, como al que las comercializa”, dijo Carmen Julia Gutiérrez Suárez.
¿Qué es una bebida fraudulenta?
Una bebida fraudulenta para el Departamento de Risaralda, es aquella en la que no se puede evidenciar el Registro Sanitario para bebidas alcohólicas, ni posee las estampillas que determinan el pago del Impuesto al Consumo a la Gobernación.