La Red de Veedurías Ciudadanas del Eje cafetero denunció penalmente al proyecto “Villas Campestres Orgullo Quindiano”, “Parque Residencial Verde Bambú” y otros, por el presunto delito de estafa, indicando que por lo menos 5.000 personas han caído en esta trampa, entregando entre $100.000 y $300.000 pesos a la Corporación Integral para el Desarrollo de Proyectos de Impacto Social, CIPIS, y otros.
Las personas implicadas en el asunto y sobre quienes recae la denuncia pertenecen a la Junta directiva de CIPIS: presidente Saúl Reyes Méndez, Gerente General Jairo Valencia Arcila, Representante Legal Bernardo Córdoba Cuesta. Además, los señores César Mejía y Gloria Urbano directivos de la misma organización, y Adriana Garzón García comunicadora social de la entidad, como Carlos Fernando Niño Céspedes, coordinador del comité social de CIPIS.
También se implican en la presunta estafa a la Corporación Nueva Jerusalén cnj, y a su representante legal Gloria Urbano Moreno. Igualmente a las señoras Rosario Guevara Santos, presidente, y Doni Montaña, vicepresidente de la organización Astracaquin, y a los señores Jaime Mora, director de la Escuela de formación política del Movimiento 11 – 11; Mauricio Castaño Valencia gerente representante legal de la Corporación Renovación Ciudadana y director nacional del banco de proyectos humanitarios para 87 países. La denuncia pide investigar simultáneamente a las Notarias Primera, Segunda, Tercera, Cuarta Y Quinta de Armenia, por aceptar la autenticación de documentos para la estafa.
Falsos proyectos
De acuerdo con la denuncia, desde mediados de 2018 se ha venido desarrollando una intensa actividad irregular de promoción de falsos proyectos de vivienda “gratuita” campestre y urbana mediante la convocatoria de organizaciones de la sociedad civil, a las que prometen recursos para financiarles proyectos habitacionales, y cuyo objetivo principal es la vinculación de las personas, hogares y familias allegadas a dichas organizaciones y comunidades, que ilusionadas por satisfacer su necesidad de vivienda, de manera ingenua, desinformada y engañosa se inscriben en los mismos.
A la fecha, hay más de 5.000 inscritos (como ellos mismos lo afirman en sus comunicaciones escritas, redes sociales y videos que se encuentran en el perfil de Facebook denominado Corporación Integral para el desarrollo de proyectos de impacto social | Facebook). Sin embargo, los afectados podrían llegar a 14.000 aspirantes a vivienda y por lo menos 2.000 más aspirantes a tierra para cultivos.
La captación de dineros
Mediante una treta bien organizada acuden a los representantes de organizaciones sociales a quienes se convoca y luego se engaña a la comunidad con la promesa de una supuesta “gratuidad de las viviendas”. Les exigen dineros que oscilan inicialmente entre $20,000 a $60.000 pesos por radicar un formulario que se decía gratuito, se les piden recursos para asistir a supuestos “Congresos” que nunca se han realizado y se cobran cuotas mensuales de $6.000 pesos (como se puede escuchar en los audios que se acompañan con esta denuncia) y como se certifica en el documento anexo de la ONG de Víctimas Manos Unidas de Colombia. Las familias vienen siendo engañadas con unas supuestas donaciones internacionales y con personas residentes en el exterior, quienes les prometen a los hogares inscritos que con dichos recursos les comprarán tierras que luego les serán adjudicadas o donadas gratuitamente.
Se ha empleado un documento que no cumple con los requisitos y formalidades que la ley exige para la firma de contratos de donación o de comodato, como engañosamente se les hace firmar a los ciudadanos, quienes confiados en que autentican ante un Notario, dicho funcionario les da fe de lo que supuestamente les están entregando.
Un documento espurio
A las personas les entregan un documento para autenticar en notaría, con el cual enredan a la gente, porque finalmente no tiene validez. Al mencionar términos como la “Formalización” de la entrega de subsidios integrales de acceso a la tierra se logra confundir a quienes firman, y quienes promueven dicho programa en la región no aparecen firmando ninguno de los documentos, lo cual les hace incurrir en el delito de Falsedad personal, obteniendo provecho mediante la sustitución y suplantación de personas y entidades públicas, nacionales e internacionales con el fin de obtener y recaudar recursos de estas personas.
Para entregarles este documento les piden ponerse al día con las cuotas, pagar la inscripción que actualmente vale Sesenta mil pesos ($60.000) más las cuotas atrasadas de cada mes que valen SEIS MIL ($6.000) pesos. A cada persona les quitan entre cien mil a trescientos mil pesos, lo que se constituye en el delito de Captación masiva y habitual de dineros del público.
En este aparte se menciona la individualización del predio el cual nunca se menciona. Luego la figura de la donación se cambia por la del comodato, lo cual transforma el contrato inicial en otro que los hace inermes. Esto lo debería observar el notario si ejerciere en debida forma su función pública delegada gratuitamente por el Estado.
Según la Veeduría, este contrato es invalido e ilegal, el notario lo sabe y aun así lo autentica, pues los requisitos para hacer una donación en Colombia son los siguiente, y este documento adolece de las mismas, veamos:
Las donaciones cuyo valor exceda de 50 salarios mínimos mensuales debe ser autorizada por el notario mediante escritura pública y este es un simple documento privado firmado por una sola de las partes, además tanto el donante como el donatario deben demostrar ser plenamente capaces y lo soliciten de común acuerdo y que con su solicitud no contravengan ninguna disposición legal. En este documento sólo firma una persona, pero no se demuestra la existencia de los donantes ni la capacidad legal de los mismos, lo cual constituye la esencia del engaño. Para formalizar la donación se requieren como mínimo presentar y adjuntar los siguientes documentos: 1. Certificado de libertad y tradición. 2. Avalúo catastral del inmueble. 3. Documento de identidad del donante y el donatario. 4. Paz y salvo del pago de impuesto predial. Pues bien, ninguno de estos documentos aparece siquiera mencionado en el texto del contrato que están haciendo firmar ingenuamente a las familias y lo más grave que se presenta en concurso omisivo del notario que lo autentica.
Los veedores sostienen que los notarios están en la obligación legal de prestar asesoría gratuita en asuntos relacionados con la familia y de la propiedad de inmuebles, lo cual brilla por su ausencia en este caso, razón por la cual se les denuncia penalmente por prevaricato, enriquecimiento sin causa, enriquecimiento a favor de terceros y omisión de denuncia.
Conductas dolosas presuntamente cometidas
La primera conducta dolosa presuntamente cometida es la estafa. Al obtener provecho ilícito para si o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños, cometido con una agravación punitiva ya que el medio fraudulento está siendo utilizado en relación con vivienda de interés social. Artículos 246 y 247.
La segunda conducta violada es la incitación y promoción a la usurpación de tierras. Artículo 261. ▪ Incitación y promoción de Invasión de tierras o edificaciones. Artículo 263.
También se incurre en presunta falsedad personal, al obtener provecho para si o para otros, mediante la sustitución y suplantación de personas y entidades públicas, nacionales e internacionales para obtener y recaudar recursos de la población. Artículo 296.
Hay también aquí la presunta captación masiva y habitual de dineros del público en forma ilegal, mediante el desarrollo, promoción, patrocinio, inducción, colaboración, y desarrollo de actos para captar dinero en forma masiva y habitual sin contar con las previas autorizaciones de las autoridades competentes, con el agravante que se han empleado medios de comunicación social y otros medios de divulgación colectiva como las redes sociales.
Se evidencia, igualmente, la promoción de la Urbanización Ilegal, con el adelantamiento, desarrollo, promoción, patrocinio, colaboración e inducción a la población a la división, parcelación, urbanización de inmuebles, o su construcción, sin el lleno de los requisitos de ley , con el agravante de que se trata de personas jurídicas que promueven la parcelación, urbanización o construcción de viviendas en terrenos o zonas de preservación ambiental y ecológica, en zonas de alto riesgo y en zonas rurales.
¿Dónde están las autoridades?
Una de las preguntas de la veeduría es precisamente, ¿dónde están las autoridades regionales para evitar este tipo de estafas?
“Mientras tanto y estas entidades despliegan toda su capacidad de engaño de los hogares más humildes y vulnerables, las entidades del estado responsables de la promoción de proyectos de vivienda social, como los alcaldes municipales, el Fondo Municipal de Vivienda de Armenia, la Empresa Promotora de Vivienda del Quindío hoy Proyecta y la Secretaría de Planeación Departamental, brillan por su ausencia en el cumplimiento de sus deberes”, indica finalmente la veeduría en su denuncia penal ante la Fiscalía.