La Defensoría del Pueblo, informó sobre la grave situación humanitaria que se vive al interior de estos lugares.
Una grave crisis humanitaria se vive en el territorio nacional al interior de los centros de detención transitoria, los cuales se encuentran en un hacinamiento del 194%.
Pese a que la cifra del país es alarmante, es más preocupante el dato de Santa Marta, que según la Defensoría del Pueblo ocupa el segundo lugar en hacinamiento en estos centros con un porcentaje del 590%.
Esta problemática de hacinamiento se agudizó por la pandemia del covid-19, ya que en marzo de 2020 el INPEC tomó la determinación de prohibir el ingreso de nuevas personas (condenadas y sindicadas) a sus cárceles.
Por esta razón, la problemática histórica del hacinamiento se trasladó a los centros de detención transitoria (URI de la Fiscalía y estaciones de Policía).
Para el mes de agosto de 2021 estos centros contaban con 19.471 personas privadas de la libertad para su capacidad máxima de 6.727 personas, lo que representaba un 189% de hacinamiento, mientras que, para el mes de marzo del año en curso, los privados de la libertad en estos centros ascienden a 20.951 personas, frente a una capacidad de 7.131 cupos, generando una alarmante cifra de 194% de hacinamiento.
Las nueve ciudades con mayor porcentaje de hacinamiento de sus centros de detención transitoria son: Bucaramanga con 835.6%, Santa Marta con 590%, Bogotá con 553.4%, Cúcuta con 491.4%, Riohacha con 333.7%, Medellín con 293.3%, Cali con 274.3%, Valledupar con 268% y Maicao con 208%.
“Estas cifras de hacinamiento se traducen en espacios inadecuados para dormir, consumir alimentos, facilita la propagación de enfermedades debido a la falta de ventilación, y aumenta el estrés entre la población privada de la libertad, lo que se traduce en constantes riñas e intentos de amotinamiento, una de las razones por las que insistimos en la urgencia de la reforma integral al sistema penitenciario y carcelario”, indicó el Defensor del Pueblo Carlos Camargo.
Camargo, hace un llamado urgente a que todas las entidades públicas relacionadas con el sistema penitenciario y carcelario tomen las medidas necesarias de manera oportuna para obligar a que los centros de detención cumplan con su estricta destinación legal y dejen de ser usados como establecimientos de reclusión permanente.
“Las personas privadas de la libertad que se encuentran recluidas en estos lugares están sometidas a graves vulneraciones a sus derechos que impiden cualquier asomo de resocialización y generan amenazas a la vida e integridad tanto de los privados de la libertad como de la Fuerza Pública, que se ve obligada a asumir una tarea que se aleja de su misión constitucional”, puntualizó el Defensor del Pueblo.