El impulsor de la candidata a la Cámara de Representantes por el Quindío, Sandra Bibiana Aristizábal Saleg, el senador liberal Mario Castaño, sería el jefe de una banda delincuencial dedicada al saqueo del erario en los departamentos del Eje Cafetero, Chocó, Valle del Cauca y Cauca. Así lo reveló la revista SEMANA, que tuvo acceso al expediente de la investigación realizada por el CTI y que empezó hace más de un año y medio.
Castaño llevó a Sandra Bibiana Aristizábal, a través de su por entonces amistad con el gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas (enero 2020) a la gerencia de Telecafé, de donde salió un año después, tras conocerse la firma de una serie de contratos millonarios cuestionados por conocedores de los temas del canal y que están en estudio por parte de los entes de control.
Castaño también trajo de Manizales varios amigos suyos para ser funcionarios en el gobierno departamental del Quindío y en el municipal de Armenia. De ellos, quedan los de Armenia y un importante funcionario departamental, el gerente de la empresa Proyecta del Quindío César Pablo Herrera Correa. Esta empresa del Quindío, Proyecta, es nombrada en el informe publicado por SEMANA, indicando que las autoridades tienen evidencias del actuar de la banda criminal en contratación en esta entidad, y en otras de las regiones mencionadas.
El senador liberal había cobrado gran trascendencia en la región, pues fue el encargado de poner la banda que acredita como gobernador al actual mandatario seccional Roberto Jairo Jaramillo. Además, un coterráneo suyo, adscrito a su grupo político, Luis Fernando Márquez, fue contralor del departamento del Quindío en el periodo que acaba de concluir.
Informe de Fiscalía
La Fiscalía General de la Nación informó sobre estos hechos en los siguientes términos: “Nueve personas fueron capturadas, entre ellas un integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo de un Senador de la República, funcionarios públicos y particulares. Esta noche un Juez de Garantías legalizó las 9 capturas. Bogotá D.C., 04 de marzo de 2022. La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia a una señalada red de corrupción que, al parecer, direccionaba contratos con la finalidad de apropiarse de recursos públicos del orden nacional, los cuales estaban destinados para cubrir obras públicas en Valle del Cauca, Cauca, Tolima y Risaralda. Un grupo especial de fiscales de la Dirección Especializada contra la Corrupción, con el apoyo del CTI, en un trabajo realizado durante ocho meses, estableció que, desde la oficina de un senador de la República, supuestamente, se direccionaban millonarios contratos a cambio del 10% del valor total de cada uno. Empresarios y otros particulares habrían frecuentado al congresista para ser beneficiados con contratos. En ese sentido, funcionarios de diversas entidades, presuntamente, ajustaban los pliegos contractuales y condiciones exigidas en licitaciones de obras públicas en distintos departamentos para que quedaran en manos de las oferentes que el senador indicaba.
En diligencias realizadas en Cali, Popayán, Ibagué y Pereira fueron capturadas nueve personas que harían parte del entramado ilegal. La Fiscalía les imputará los delitos de concierto de delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato. Adicionalmente, se compulsaron copias a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que investigue las actuaciones en las que habría incurrido el senador. Esta información se publica por razones de interés general”.
Informe de SEMANA
EL QUINDIANO publica completo el informe de la revista SEMANA, por considerarlo de interés para la región
“Una compleja red dedicada al saqueo del erario, a través de la contratación en Caldas, Cauca, Chocó, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, acaba de ser puesta al descubierto y pone en serios problemas al senador liberal Mario Castaño, considerado uno de los grandes caciques políticos del Eje Cafetero, y candidato a reelegirse en las elecciones del próximo 13 de marzo. Al cierre de esta edición, nueve personas, entre ellas varias de su entera confianza, habían sido capturadas por agentes del CTI de la Fiscalía en Manizales, Chocó y Bogotá, y quedó lista una compulsa de copias en contra del congresista ante la Corte Suprema de Justicia. Se pide que sea investigado por interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir agravado y enriquecimiento ilícito.
SEMANA accedió en exclusiva al expediente en contra de Castaño. Según la Fiscalía, no hay duda de que se trata de una banda criminal conformada en torno al dirigente que aspira a su tercer período, y quien “en virtud de los cupos indicativos viabilizó la financiación de proyectos al interior de entidades del orden nacional y se interesó de manera indebida, junto con su grupo delincuencial, en varios proyectos y contratos”.
Los investigadores interceptaron las llamadas telefónicas de Castaño y sus presuntos cómplices, donde se evidencia un interés indebido por todo tipo contratación con entidades locales, regionales y nacionales. Los hechos vendrían ocurriendo desde 2018. Según los cálculos preliminares, la banda habría desfalcado al Estado en por lo menos 60.000 millones de pesos, aunque se cree que la cifra podría ser mayor.
En el Congreso, recientemente, Castaño presidió entre 2019 y 2020 la poderosa Comisión Cuarta del Senado, donde se tramitan las leyes orgánicas de presupuesto. En 2021 fue el coordinador ponente del presupuesto de la Nación para 2022. Hoy, en su campaña al Congreso, tiene el número 9 en la lista al Senado por el Partido Liberal y se hace llamar ‘El senador de las regiones’.
En una comunicación entre Castaño y Juan Carlos Martínez, a quien los investigadores señalan como su hombre de confianza, ambos se jactan delante de dos mujeres porque se apropiaron de la prórroga de un contrato de licores en el Chocó que, según confiesan, les dejaría utilidades anuales por 15.000 millones de pesos y durante 15 años.
En la llamada, Martínez les cuenta a las mujeres, a petición del senador, anécdotas en torno a cómo se concretó ese negocio. “Este hijueputa llega, y se va hacer un negocio, y le digo: ¿Mario y qué va hacer? Dijo: no, voy a prolongar lo de licores, eso me deja por ahí de 15 a 20 mil millones por año, y yo: ah hp, ¿y eso por cuánto? Dijo: por 15 años… no, pues… y sale de allá y le digo: ¿Cómo le fue? Y me dijo: bien, hermanito. ¿Y le renovaron eso? Dijo: sí, me renovaron eso y me dieron el tránsito, y yo: eh no joda hijueputa, o sea que usted queda lleno y pide postre”.
Además, en el mismo diálogo, se habla que en Chocó también les habrían prometido entregarles el negocio del “tránsito”. Castaño y Martínez, en otra comunicación, hablan de montar Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), donde los conductores tienen por obligación tramitar la revisión técnico-mecánica de sus vehículos.
“Me puse a hacer estudiar eso de los CDA y ya tengo la vuelta; cómo es esa vuelta, papi, pero esa vuelta hay que montarla, acreditarla y después habilitarla, porque las resoluciones cambiaron, o sea uno tiene que hacer el CDA, comprar la maquinaría, hacer un CDA completo, de cero vale lo que yo le digo a usted y usted no me creía”, le dice Martínez al senador.
El congresista le responde que en el Cauca ya tiene alcaldes que podrían ayudarlo para los CDA y le reprocha a su asesor que hay que estar pendientes de la plata: “Juan, usted, marica, se va pa’ allá, a pensar solo en votos y hay que pensar primero en el billete, güevón, uno tiene que ser empresario primero que ser político, güevón, usted es muy bobo, güevón”.
En otro aparte de las llamadas interceptadas entre ambos, se habla de una donación de 1.500 millones de pesos al exalcalde de Popayán César Cristian Gómez Castro, candidato a la Cámara en el Cauca por el Partido Liberal, que cuenta con el apoyo del senador Castaño.
El congresista, según las pesquisas, le habría sacado una tajada de 100 millones de pesos a cada obra del proyecto ‘Sacúdete’, un programa del Gobierno Nacional que consiste en la construcción de obras cuyo valor oscila entre 1.400 y 3.000 millones de pesos.
De acuerdo con las interceptaciones, en poder de esta revista, Castaño y los demás investigados hacían la gestión de los recursos ante el Gobierno, cuadraban a los alcaldes y contratistas y se quedaban con las obras. Por cada ‘Sacúdete’, de acuerdo con los audios, Castaño exigía una coima de 100 millones de pesos. Así lo cuenta Martínez en su diálogo con el contratista Santiago Castaño. “De los ‘Sacúdete, el hombre me dijo: son 2.400, creo, y me dijo: usted me responde por 100 por cada uno”.
En otra interceptación telefónica, Martínez le cuenta al contratista Santiago Castaño que les está yendo muy bien con los negocios y le hace un resumen de lo que le expresa el congresista. “Ese man está feliz, güevón, está feliz; él me dijo: Juan, es que este año usted sale de todas las deudas, güevón. Me dijo: eso sí, con lo que va a ganar (…) yo no lo quiero ver comprando carro, no lo quiero ver comprando nada, güevón, deje la plata pa’ que se monte en sociedades conmigo en empresas, que yo le pongo a producir esa mierda. Dijo: yo sé hacer plata (…) deje ese billete que yo le digo dónde lo ponemos, hijueputa, y nos metemos en sociedad en cosas”.
De la red del senador Mario Castaño formaban parte presuntamente integrantes de su equipo de trabajo, lobistas y contratistas en diferentes departamentos. Por lo menos 70 personas en total estarían involucradas en esta organización criminal.
En las últimas horas, los investigadores ya capturaron a Lorena Cañón, una relacionista pública al servicio del congresista; al contratista Santiago Castaño y a su hermana, Claudia Marcela Castaño; a Alejandro Noreña, señalado además de exigirles coimas y favores sexuales a las personas que ayudaba a ubicar como contratistas en diferentes entidades del Estado; y a Juan Sebastián Vargas, Daniela Ospina, Jeiler Javier Sánchez, Wílmar Herrera y Harvis Arturo Rentería.
Estos tres últimos estarían implicados en la operación delincuencial en el Chocó, donde el senador Castaño se habría beneficiado de la prórroga del contrato para la comercialización, distribución y venta de aguardiente Platino, a través de la firma LicoChoco S. A. S. El gobernador de ese departamento, Ariel Palacios, en julio del 2020, le pidió permiso a la asamblea departamental para tener facultades y así prorrogar dicho contrato, tal como ocurrió.
Juan Carlos Martínez, de 37 años, nacido en Manizales, la mano derecha del senador Castaño, está hoy prófugo y es buscado por las autoridades. Otra persona pendiente por capturar es John Alexánder Sánchez, un contratista conocido con el alias de ‘El Pato’, quien habría sido clave para lograr una cesión calificada de irregular de un contrato de mitigación del riesgo en Manizales por unos 17.000 millones de pesos.
Martínez, según el expediente, “era el principal responsable de mantener comunicación con mandatarios, funcionarios públicos y contratistas para asegurar el éxito de la empresa criminal en el direccionamiento de contratos”.
Así mismo, anota que Martínez habría coordinados “pagos y distribuciones de coimas, administró recursos de la organización delictiva, tiene participación societaria por interpuesta persona en la empresa Top de Ingeniería S. A. S., empresa que ha sido beneficiada de manera indebida en contratación estatal en varios municipios”.
Martínez, al parecer, lavaba parte de la plata de la corrupción en bienes inmuebles del senador Castaño, entre ellos una finca en Manizales y un hotel en Orito (Putumayo), que aparecerían registrados a nombre de terceras personas.
En el caso de Daniela Ospina, el expediente agrega que tenía una relación sentimental con el congresista y actuaba en ocasiones como una intermediaria entre Castaño y el propio Martínez. La mujer, de 32 años, es señalada de manejar, custodiar y administrar “dinero en efectivo del grupo delincuencial”. Ospina vivía con Castaño en una residencia donde, según las pesquisas, “se guardaban grandes sumas de dinero en efectivo”.
Por su parte, la relacionista pública Lorena Cañón, los investigadores tienen evidencia de su tarea de gestión ante los ministerios donde buscaba la viabilidad de los proyectos y ante alcaldes en Caldas y Tolima. Se documentó que, por su gestión, habría recibido diferentes pagos. En el expediente se relacionan por lo menos tres de ellos: 10 millones de pesos el 17 de marzo de 2021; 34 millones de pesos, el 14 de abril de 2021, y 100 millones de pesos, el 15 de julio de 2021.
En una llamada entre Cañón y Martínez, ella le cuenta al asesor que el senador le dio una plata para trabajar: “Él nos dejó 50 para trabajar mientras nos sale un tema de los ‘Sacúdete’”.
Antes de su captura, el jueves, en inmediaciones del Parque de la 93 en Bogotá, Cañón alistaba un evento con unas 200 mujeres para la esposa de un precandidato presidencial en Tunja, con el apoyo del candidato a la Cámara por Boyacá Sandro Condía, del Partido Liberal. Según los audios, Cañón también estaba haciendo diligencias políticas para que el mismo precandidato presidencial les enviara un mensaje a los empresarios de las esmeraldas en ese departamento, por pedido de Condía, que quería vincularse de lleno a esa campaña.
Sobre Alejandro Noreña, la investigación señala que “extorsionó en los meses de enero, febrero y marzo de 2021 a personas desempleadas, mediante la exigencia de dinero, a cambio de lo cual gestionaba el respectivo nombramiento y/o celebración de contratos de prestación de servicios”. Para lograr este cometido, se utilizaba la influencia del senador Castaño, quien, según la Fiscalía, estaba al tanto de “esta actividad ilícita”.
Noreña les exigía a las personas que tenían que entregar el primer mes de salario u honorarios. Y durante este año, adicional, a algunas personas les hacían exigencias de favores sexuales “para acceder a dichos nombramientos o contratos”. En una conversación entre Martínez y Noreña, el asesor del senador Mario Castaño dice que al congresista le dan el 10 % de participación en contratos.
Las autoridades tienen evidencias del actuar de la banda criminal en contratación en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el Departamento para la Prosperidad Social, Proyecta Quindío, el Ministerio del Deporte, el Ministerio del Interior, el Sena, la Gobernación de Caldas, la Gobernación de Chocó, Gensa, Dispac y más de 20 alcaldías en Caldas, Risaralda, Chocó, Tolima y Valle del Cauca.
En varias licitaciones, además, se ponían de acuerdo y se presentaban a los procesos a través de distintas empresas con el fin de simular una aparente pluralidad de oferentes. Por lo menos 10 alcaldes y un gobernador ya están en la mira por todos estos hechos. Algunas de las empresas que se rastrean son, entre otras, Top Ingeniería S. A. S., Ingeniería y Futuro, Génesis y Procivilic.
Los investigadores señalan que los integrantes de la banda tendrán que responder por delitos como concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos. Algunos, además, serían imputados también por extorsión y estafa agravada.
Toda la investigación, conocida con el nombre de ‘Las Marionetas’, en alusión al senador Mario Castaño, se estructuró durante el último año y medio en la Fiscalía, en la Unidad Especializada contra la Corrupción.
En las últimas horas, la vivienda de Martínez en Manizales fue allanada. Allí, los agentes del CTI encontraron abundante documentación de empresas, siete teléfonos y unas 250 sim cards. Martínez sigue prófugo, al cierre de esta edición, al igual que el contratista conocido con el alias de El Pato.