Esta actividad se realiza en el marco de la Ordenanza 015 aprobada en el 2017 por la Asamblea Departamental, mediante la cual se implementa una estrategia para reducir la tasa de lesionados con pólvora.
Estudiantes, padres de familia, docentes, funcionarios públicos, representantes de los hospitales y comunidad en general, de los diferentes municipios de Risaralda marcharán este 17, 18 y 19 de noviembre contra el uso y venta de pólvora a menores de edad.
La actividad hace parte de una campaña de movilización social de la Gobernación de Risaralda a través de la Secretaría de Salud, la Policía, Alcaldías, Hospitales, Instituciones Educativas y líderes sociales para prevenir los lesionados con pólvora durante la temporada decembrina.
El año anterior, 17 risaraldenses resultaron lesionaron con pólvora entre ellos 6 menores de edad.
La movilización también busca visibilizar el Decreto 4481 de 2006 que prohíbe en todo el país la venta de pólvora a menores de edad y a personas en estado de embriaguez. A través de la campaña se invita a los risaraldenses para que denuncien las polvorerías clandestinas y a las personas que venden pólvora a los menores de edad a través de la línea 123.
Las marchas contra la pólvora se realizarán en horas de la mañana en Dosquebradas, Balboa, Belén, Guática, Marsella, Mistrató, Pueblo Rico, Santuario, Santa Rosa y Quinchía. Por su parte La Celia se movilizará el 18 de noviembre, mientras que Apia y La Virginia marcharán el viernes 19.
Según el Decreto 4481 quien venda artículos pirotécnicos, fuegos artificiales, o globos a menores de edad o a personas en estado de embriaguez, incurrirán en sanción pecuniaria de dos a veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes y el decomiso de la mercancía.
El Decreto también establece las sanciones a los adultos que permitan o induzcan a menores de edad a manipular pólvora como el decomiso de los productos y sanciones civiles consistentes en la ejecución de tareas para la prevención y atención de emergencias que beneficien a la comunidad.
La norma señala que a los representantes legales del menor afectado por quemaduras de pólvora y a quienes se les encontrase responsables por acción o por omisión también se les aplicará una sanción pecuniaria hasta por cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes.