Familiares y amigos de los nueve funcionarios retenidos piden al grupo armado respeto por sus vidas y su pronto regreso:Mientras familiares y amigos marchan en Popayán para exigir la liberación de nueve funcionarios secuestrados en López de Micay, las disidencias intentan justificar su retención alegando supuestos vínculos con un proyecto de inhibidores de drones. La Gobernación del Cauca rechaza las acusaciones y defiende el carácter humanitario de su labor..
Noticias Cauca
Este martes 22 de julio se cumplen cinco días desde que nueve funcionarios y contratistas de la Gobernación del Cauca fueron secuestrados en zona rural del municipio de López de Micay, en la costa pacífica caucana. La incertidumbre y el dolor han acompañado desde entonces a sus familias, quienes hoy alzan la voz en Popayán para exigir su liberación.
Por lo que desde el Centro de Convenciones Casa de la Moneda, se hizó una movilización ciudadana bajo el lema “Por la vida y la libertad”, que concluye con una eucaristía en la Catedral Basílica Nuestra Señora de la Asunción. La iniciativa es convocada por los allegados de las víctimas, con el apoyo de organizaciones sociales y autoridades locales.
Las personas retenidas —siete mujeres y dos hombres— desarrollaban labores comunitarias en la región como parte de programas sociales liderados por la Secretaría de Gobierno y otras dependencias de la Gobernación. Su propósito era brindar acompañamiento en temas de convivencia, paz territorial y desarrollo económico.
Días atrás, un video difundido por el grupo armado ilegal que los retiene, los muestra en medio de la selva, visiblemente afectados pero con vida.
¿Qué exigen las disidencias por el secuestro?
El grupo armado que retiene a los nueve funcionarios y contratistas aseguró que su captura responde a presuntas actividades relacionadas con la instalación de equipos militares. En un video difundido días después del secuestro, una de las profesionales retenidas explicó que se les pidió justificar un proyecto de inhibidores de drones, adquirido con recursos públicos y solicitado por la Fuerza Pública.
Según las disidencias del autodenominado ‘Estado Mayor Central del Bloque Occidental’, estos dispositivos afectarían la conectividad de las comunidades rurales al provocar fallas en servicios de telefonía móvil e internet. En su comunicado, responsabilizan al gobernador del Cauca de destinar presupuesto oficial para apoyar operaciones del Ejército, y acusan a los funcionarios de participar en las hostilidades, lo que, según ellos, justificaría la retención.
Movilización para exigir su liberación
Durante estos cinco días, los familiares han realizado diversas actividades simbólicas, como una velatón frente a la Gobernación, con el objetivo de mantener vivo el llamado a su liberación y evitar que el país olvide la situación que viven.
“Mi hermana trabaja por la comunidad, no tiene vínculos con la fuerza pública ni con la política, ella es una administradora de empresas dedicada al trabajo social”, explicó Elizabeth Barona, familiar de una de las secuestradas a El País. Testimonios similares se han escuchado en voz de padres, hijos, esposos y hermanos que han insistido en que estos profesionales no representan ninguna amenaza para nadie.
“No queremos más silencio, necesitamos que el Gobierno Nacional actúe, que se priorice el diálogo, pero sobre todo, que nuestros seres queridos regresen a casa”, expresó José Enrique Urresty, esposo de una de las mujeres secuestradas.
La Gobernación del Cauca rechaza las acusaciones
Ante estos señalamientos, la Gobernación del Cauca ha sido enfática en desmentir cualquier relación entre los contratistas secuestrados y actividades militares. A través de distintos pronunciamientos, la administración departamental reiteró que estas personas se encontraban en el territorio cumpliendo una misión de carácter humanitario y social, en el marco de programas institucionales dirigidos a fortalecer la convivencia, la paz y el desarrollo en comunidades vulnerables.
“Son profesionales dedicados al trabajo comunitario, que recorren el departamento atendiendo necesidades básicas de la población. No tienen ninguna relación con operaciones armadas ni con fuerzas de seguridad”, recalcaron voceros de la Gobernación.
Fuente: Francisco Calderón, Información construida a partir de declaraciones de familiares, organizaciones sociales y pronunciamientos oficiales.
Realizado por: Leidy Lisbeth Pascuaza Barco.