Se trata de 16 hallazgos en contratos de COP16 hechos por contraloría que comprometen a varias dependencias del Distrito. Hay contratos sin entregables, pagos sin soportes y un caso que podría terminar en los estrados judiciales.
Noticias Cali.
Lo que prometía ser la gran vitrina internacional de Santiago de Cali hoy enfrenta serios cuestionamientos. La Contraloría General Distrital acaba de revelar un informe que deja mal parada a la Alcaldía frente a la gestión de recursos para la Cumbre de la Biodiversidad COP-16.
La auditoría especial, que analizó 182 contratos por más de $26.600 millones de pesos, encontró 16 hallazgos administrativos, muchos de ellos con presuntas implicaciones fiscales, disciplinarias y hasta penales.
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El contrato que podría ser delito
Uno de los casos más graves recae sobre la Secretaría de Desarrollo Económico, donde se firmó un contrato por $600 millones para evaluar el impacto económico de la COP-16. El problema: el contratista no cumplía los requisitos mínimos exigidos, pero igual le adjudicaron el contrato. La Contraloría advierte que esto podría constituir el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tipificado en el Código Penal.
Además, en ese mismo proceso, se pagaron $180 millones sin que existieran entregables que lo justificaran, lo que implica un posible detrimento patrimonial y fallas en la supervisión.
Pagaron, pero no entregaron nada
En otro caso, la Secretaría de Gestión del Riesgo (SGRED) contrató dotación para el personal, pero la Contraloría no encontró ningún soporte de que esos insumos hayan sido entregados. Ni actas, ni registros, ni evidencia. Solo el gasto. El hallazgo fue clasificado con incidencia fiscal y presunta falta disciplinaria.
Los $46 millones que nadie vigiló
Dos contratos con montos cercanos a $46 millones de pesos también entraron en el radar del ente de control:
Uno fue firmado por SGRED y terminó con un informe de supervisión fuera de la vigencia fiscal, además de actividades no ejecutadas.
El otro fue responsabilidad del DAGMA, donde se aprobó el pago sin verificar aportes a seguridad social y sin exigir los informes que debía entregar el contratista.
Más dependencias salpicadas
El informe señala que varias entidades suscribieron contratos sin relación directa con la COP-16, como es el caso de SGRED y DAGMA, lo que representa una mala planeación del gasto público.
La Secretaría de Turismo, aunque fue la que más recursos ejecutó (casi $15 mil millones), quedó excluida del análisis final porque muchos de sus contratos ya habían sido auditados en ejercicios anteriores. Lo mismo ocurrió con la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Gobierno.
Más allá de los montos, lo que preocupa a los entes de control es la falta de planeación integral. La Contraloría asegura que no encontró cronogramas, responsables, diagnósticos, ni estudios técnicos que justifiquen cómo se invirtieron los recursos destinados a este evento de talla mundial.
El resultado: un evento con poca trazabilidad y muchos contratos cuestionables.
El informe fue entregado oficialmente y, de acuerdo con los hallazgos, algunos casos deberán ser trasladados a la Procuraduría, la Fiscalía o la Personería de Cali para que se adelanten las investigaciones correspondientes.
Mientras tanto, la ciudadanía sigue esperando respuestas claras: ¿quién responde por los recursos? ¿Dónde están los entregables? ¿Habrá sanciones reales?
Lo que está en juego
La COP-16 era la oportunidad de mostrar una Cali conectada con el mundo, preparada, moderna. Pero detrás del evento, se esconde una realidad que parece repetirse con cada gran contratación pública: la falta de control, la improvisación, y una preocupante sensación de impunidad.
Y ahí es donde cobra sentido la vigilancia ciudadana: hacer visible lo que algunos prefieren mantener en la sombra.