miércoles, julio 22, 2026

Investigan a 40 prestadores de viviendas turísticas por afectar derechos de turistas

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Los operadores habrían engañado a turistas y autoridades al omitir registros legales y ofrecer servicios sin cumplir los requisitos exigidos por ley.

Noticias Colombia.

¿Ha verificado si el lugar de su estadía cuenta con Registro Nacional de Turismo? Esa es la advertencia con la que inicia el reciente pronunciamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que el pasado 2 de julio de 2025

La medida se da luego de analizar 452 quejas presentadas durante 2024, provenientes de distintas regiones del país, donde se reportaron irregularidades que ahora son objeto de investigación administrativa.

Entre los principales hallazgos, se detectó que algunos operadores afirmaban falsamente ante las cámaras de comercio que los inmuebles donde ofrecían servicios turísticos no estaban sometidos a régimen de propiedad horizontal, cuando sí lo estaban. Esto contraviene los reglamentos de copropiedad, que en muchos casos prohíben este tipo de actividad.

También se evidenció que personas naturales y jurídicas prestaban servicios sin estar inscritos o renovados en el Registro Nacional de Turismo (RNT), lo cual es obligatorio. Esta situación afecta la legalidad del servicio y pone en riesgo los recursos recaudados para financiar la infraestructura y sostenibilidad del turismo en el país.

Las investigaciones se han concentrado en los departamentos de Antioquia, Bolívar y Cundinamarca, donde se han registrado altos niveles de denuncias y se ha detectado uso indebido de viviendas rurales y urbanas con fines turísticos sin cumplir la normativa.

La SIC señaló que estas acciones son parte de una estrategia más amplia para proteger a los consumidores y fortalecer el turismo legal y responsable, alineado con la estrategia del Gobierno nacional para posicionar a Colombia como el “País de la Belleza”.

Si se comprueban las infracciones, la Superintendencia podría imponer sanciones económicas y prohibir hasta por cinco años la prestación de servicios turísticos a los operadores implicados.

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