El diputado Jorge Iván Yusti, en un reciente debate en la Asamblea Departamental del Quindío, abordó la crítica situación carcelaria del departamento, con énfasis en el hacinamiento, los problemas de salud, la alimentación de los reclusos y el avance de las obras del pabellón de Peñas Blancas.
“Este debate nace de solicitudes y quejas enviadas por las personas privadas de la libertad. Queremos, desde la Asamblea, buscar cómo podemos atender sus necesidades y aportar soluciones”, explicó el diputado. Entre las principales preocupaciones destacó el hacinamiento, la deficiente atención en salud y las dificultades en la alimentación.
Sobre las obras del nuevo pabellón de Peñas Blancas, en el municipio de Calarcá, Yusti señaló que se está a la espera de un informe detallado por parte del director de la cárcel para conocer su estado de avance y las estrategias para su finalización.
Respecto a la aplicación de la Ley 2346, que establece que los municipios deben asumir la alimentación de los sindicados, el diputado manifestó su inquietud: “Es preocupante. Armenia tiene una proyección de recursos solo para los próximos seis meses, y no sabemos de qué forma la Gobernación del Quindío apoyará esta inversión, pues a partir del 1 de julio esta responsabilidad recaerá sobre cada municipio”.
Por su parte, el secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez Cotrino, advirtió que la crisis penitenciaria no es solo un problema regional, sino nacional. Confirmó que el hacinamiento sigue siendo grave y que desde los centros carcelarios se siguen cometiendo delitos como extorsiones y órdenes de homicidio. “El llamado es al Gobierno Nacional para replantear el sistema penitenciario y carcelario del país”, enfatizó.
Pérez Cotrino detalló que, en el Quindío, la Ley 2346 implica alimentar a cerca de 240 sindicados desde el 1 de julio. “Hemos sostenido reuniones con el Ministerio del Interior, alcaldes y la Procuraduría. Esta situación afecta a todo el país porque no existe capacidad económica para asumir este gasto, que históricamente ha cubierto el INPEC a través de la USPEC. Solo en alimentación, la anualidad costaría alrededor de 2.600 millones de pesos, recursos que dejarían de invertirse en educación, cultura, deporte, recreación e incluso seguridad”.
El funcionario informó que la Federación de Departamentos radicó un proyecto de ley con mensaje de urgencia para que el Congreso amplíe los plazos de la obligación y el INPEC mantenga la alimentación de los sindicados. “Hay municipios en el Quindío que solo cuentan con dos millones de pesos para esto, una cifra insuficiente para cubrir siquiera un mes”, advirtió, alertando sobre un posible problema de orden público si el Gobierno Nacional no actúa de manera contundente.
Sobre las obras del pabellón de Peñas Blancas, Pérez Cotrino indicó que aunque han tenido retrasos, avanzan y se espera que puedan entregarse en diciembre, contribuyendo a aliviar el hacinamiento y a desocupar las estaciones de Policía en Armenia.
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