En desarrollo de la primera mesa pública del Programa de Alimentación Escolar (PAE) del 2025, autoridades del Quindío presentaron un balance positivo sobre la operación del programa, destacando su continuidad sin contratiempos y el compromiso del gobierno departamental por fortalecerlo, pero también identificaron retos, especialmente en la reducción del desperdicio de alimentos.
La secretaria de Educación del Quindío, Tatiana Hernández Mejía, indicó que, si bien el programa ha operado con normalidad, “más allá de las dificultades propias de un esquema tan álgido como el de la alimentación escolar, hemos garantizado una operación oportuna y con una supervisión constante desde el Gobierno del Quindío”.
Durante el encuentro, que tuvo lugar el martes 10 de junio y contó con la participación de rectores, docentes, estudiantes, padres de familia y entes de control, se reconoció que uno de los desafíos actuales es el manejo de los residuos alimentarios, especialmente en las instituciones educativas con preparación en sitio.
“En algunas instituciones se desperdicia más comida unos días que otros. Por eso, queremos generar conciencia para reducir esos residuos. Ya estamos trabajando con 40 de las 54 instituciones educativas de los municipios no certificados”, explicó Hernández Mejía, quien además anunció la gestión de una adición presupuestal al contrato vigente, que finaliza el 26 de septiembre, para asegurar el cierre del calendario escolar sin interrupciones.
Por su parte, Amanda Tangarife Correa, secretaria Privada y delegada de la gobernadora encargada, destacó que el PAE se garantiza todos los días gracias al compromiso del gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, quien destinó recursos de regalías para su financiación. Durante su administración, se espera invertir cerca de $45.000 millones en este programa.
Pese al balance positivo, los asistentes identificaron la necesidad de establecer mecanismos de medición del desperdicio y de focalización más efectiva. Entre las razones del derroche, se señalaron casos de estudiantes que no consumen el alimento por condiciones socioeconómicas favorables, raciones superiores al apetito de los menores, o por llevarse la comida en maletines y olvidarla hasta que se descompone.
“La normatividad prohíbe que la comida sobrante sea donada o consumida por docentes, manipuladoras o la comunidad. Por eso, debemos priorizar mejor y ser más efectivos con el recurso”, afirmó Hernández Mejía.
Finalmente, desde la Secretaría de Educación se promueven acciones pedagógicas que fomentan el cuidado de los alimentos y el ambiente, a través de Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), compostaje, alimentación de animales de cría y reciclaje de empaques. La meta es clara: “cero desperdicios”, pero lograrlo, advierte, requiere tiempo y trabajo conjunto con la comunidad educativa.
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