Los cuatro procesados no aceptaron los cargos.
Noticias Antioquia.
Cuatro presuntos miembros de una red criminal que operaba en Medellín han sido enviados a prisión preventiva tras ser imputados por una serie de graves delitos, incluyendo secuestro extorsivo, tortura y hurto.
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La decisión fue tomada por un juez de garantías a partir de la contundente evidencia presentada por la Fiscalía General de la Nación.
Los investigados, identificados como Miguel Ángel Botero Mosquera, María Paula Sierra Alba, William Samuel Suárez Rubiano y David Alonso García Restrepo, habrían llevado a cabo una serie de secuestros y torturas entre el 17 de diciembre de 2023 y el 1 de abril de 2024 en diversos barrios de la ciudad, incluyendo El Poblado, Suramericana, Laureles, El Rodeo, Belén y Robledo.
Detalles de la investigación
La investigación, dirigida por un fiscal del Gaula Medellín con enfoque diferencial y perspectiva de género, reveló un modus operandi sistemático. Las víctimas eran contactadas a través de redes sociales bajo el pretexto de ofrecer servicios a domicilio, como masajistas o damas de compañía.
Al llegar a los domicilios, eran desnudadas, amarradas y sometidas a severas torturas físicas para obligarlas a revelar las claves de sus teléfonos y cuentas bancarias.
Uno de los casos más graves documentados incluye a una víctima quemada con una plancha en sus genitales y ojos, y otras mujeres fueron sometidas a torturas similares, incluyendo quemaduras con parafina y lesiones con arma blanca.
Además, los agresores apagaban las luces y subían el volumen de la música para evitar que los gritos de las víctimas fueran escuchados.
Robo y extorsión
Según la Fiscalía, en los ocho casos investigados, la red criminal se habría apropiado de más de 80 millones de pesos en efectivo, joyas y otros bienes personales.
Los cuatro procesados no se allanaron a los cargos imputados y enfrentan ahora graves penas si se confirma su culpabilidad en juicio.
Este caso resalta la creciente preocupación por la seguridad de las mujeres en Medellín y la capacidad del sistema judicial para enfrentar redes criminales organizadas.
Por su parte, la Fiscalía continúa trabajando para garantizar justicia y protección para las víctimas de estos delitos atroces.