Desde el Concejo de Bogotá piden que esta situación sea aclarada.
La administración de Bogotá se ve envuelta en un escándalo tras la denuncia pública del concejal Julián Uscátegui, quien expuso un presunto uso indebido de recursos públicos a través de contratos asignados a líderes emberá asentados en la ciudad.
Según Uscátegui, 27 líderes comunitarios han firmado contratos por un valor inicial de 276.400.611 pesos con diversas entidades del Distrito, cifra que podría duplicarse al finalizar el año.
Los contratos, registrados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), abarcan áreas como educación, servicios sociales y salud, pero según la denuncia, muchos de estos líderes no cumplen con las obligaciones estipuladas y condicionan la cooperación con las autoridades, junto a la asistencia escolar de los niños a la renovación de dichos contratos.
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El concejal Uscátegui señaló casos específicos, como el de Felipe Restrepo, quien supuestamente retiene a 18 estudiantes en el colegio Aulas Colombianas como forma de presionar por más contratos. Además, mencionó a Miguel Ángel Sintua Baniana, quien ha declarado públicamente su negativa al retorno de la comunidad emberá a sus territorios ancestrales, mientras se beneficia de un contrato de 16 millones de pesos con la Secretaría de Educación.
«Es lamentable que la Administración del Alcalde Galán esté cediendo al chantaje y premiando con millonarios contratos a líderes que obstaculizan el bienestar de niños y niñas Emberá», enfatizó Uscátegui.
De los 27 líderes mencionados, nueve están ubicados en el Parque Nacional, seis en la UPI La Rioja, nueve en La Florida, tres en el Albergue Buen Samaritano y uno en San Cristóbal.
Según el concejal, las entidades responsables de estos contratos incluyen la Secretaría de Educación Distrital, la Secretaría de Integración Social y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente y Norte.
Ante estas acusaciones, el Distrito respondió que en lo corrido de 2024, «la Administración distrital ha garantizado toda la atención humanitaria de las 2.183 personas Emberá, y especialmente del 56 % que son niñas, niños y adolescentes».
«Todo este esfuerzo integral del Distrito cumple con el enfoque diferencial étnico que garantiza los derechos de los pueblos indígenas como lo exige la Constitución Política Colombiana frente a la protección a la riqueza cultural del país, la preservación lingüística y la educación con enfoque diferencial», sostuvo.
En todo caso, el Distrito concluyó que no se aceptan incumplimientos o condicionamientos fuera de la ley, pues la vinculación de personal tiene como objetivo la pervivencia de sus usos y costumbres.
Además que parte de la población emberá en la ciudad no habla español, motivo por el cual miembros de su comunidad sirven como intérpretes, permitiendo que la institucionalidad se acerque, dialogue y preste servicios efectivos.