Fueron capturados el 2 de julio entrando a Barranquilla, la vía que conecta al Magdalena.
Teniendo en cuenta que se «debe proteger a la comunidad”, el Juez Noveno Penal Municipal de Control de Garantías, Max Pichón Montaño, decidió cobijar con medida de aseguramiento en centro penitenciario a Erick José Beltrán Benavidez, capturado el 2 de julio en flagrancia cuando transportaba un elemento explosivo en un vehículo.
A Vivian Patricia Gómez Rolong, quien también fue capturada en este hecho, recibió domiciliaria, teniendo en cuenta su estado de embarazo, al igual que Andy David Barleta Lugo, sin registro criminal anterior a esta captura y «no tiene peligro de fuga».
Con respecto a Erik Beltrán, el juez se basó en la no comparecencia para decidir enviarlo a la cárcel de manera preventiva.
Cabe destacar que este imputado hace cinco meses obtuvo detención domiciliaria, al estar implicado en el homicidio de una persona protegida.
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La defensa de Viviana Gómez solicitó en la audiencia una petición para que esta pudiera seguir trabajando, lo que fue negado por el Juzgado.
Las capturas de estas personas se dio porque el grupo Gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla recibió una llamada en donde indicaba que en un vehículo marca Renault de color gris entraría a Barranquilla con explosivos y que pertenecería a las disidencias de las FARC.
Barleta manejaba el automotor y Beltrán y Gómez eran sus pasajeros.
Lo que argumentó la Fiscalía
La petición del Fiscal 71 Cristian Arrieta se basó en que las tres personas «son un peligro para la comunidad», puesto que fueron detenidas en flagrancia con el artefacto explosivo improvisado, compuesto por una barra de explosivo, un cordón detonante de color rojo, un detonador no eléctrico con una mecha de seguridad de color blanco cuando ingresaban a Barranquilla por el Puente Pumarejo.
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El ente acusador afirmó que después de una experticia técnica de la Sijín se identificó que es un artefacto explosivo de uso de guerra, y por el hecho de encontrar el objeto en un registro, «se cumple con el requerimiento de inferencia razonable de autoría».
La Fiscalía señaló que esta era una conducta especialmente grave y atenta contra «diversos bienes jurídicos», agregando que «es un delito de naturaleza dolosa».
Es importante resaltar que en el informe de la Policía se indica que este artefacto explosivo se iba a utilizar para atentar contra una estación de Policía de la capital del Atlántico.