La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a la exsecretaria de Educación departamental del Quindío, Liliana María Sánchez Villada, porque, al parecer, habría omitido adelantar de manera oportuna los trámites contractuales del Programa de Alimentación Escolar (PAE), lo que ocasionó su interrupción y suspensión.
De acuerdo con la entidad, la Regional de Instrucción del Quindío indicó que la presunta falta de la servidora provocó una suspensión que se extendió por 27 días, situación que obligó a declarar la urgencia manifiesta para poder contratar de manera directa un operador que garantizara la prestación del servicio y atender a niños, niñas y adolescentes de la región.
“Sánchez Villada tenía entre sus funciones la de justificar las necesidades de contratación de su dependencia y que, aparentemente, omitió gestionar, suscribir y remitir con antelación los respectivos estudios, documentos previos y soportes correspondientes a la etapa de planeación”, recalcó el Ministerio Público.
Al respecto, el gobernador, Roberto Jairo Jaramillo indicó que, “ella fue secretaria de Educación hace dos años, por eso es que deberá responder en la Procuraduría, es un tema con el PAE, yo no tengo conocimiento”.
Asimismo, fue enfático en decir que la pandemia influyó en gran parte en las demoras, por lo que varios secretarios a nivel nacional están incurriendo en procesos similares. “Como una situación anómala en el sentido de que la pandemia nos hizo adaptar el PAE y allí se pudo haber incurrido en algunos errores, esperemos que se aclare todo”.
Añadió que este año la operación se ha establecido sin contratiempos en las 54 instituciones educativas del departamento.
De igual manera, la Procuraduría consideró que la actuación de Sánchez Villada afectó el derecho fundamental a la educación y a la alimentación de los estudiantes beneficiarios del PAE, especialmente en un contexto de emergencia sanitaria por la pandemia.
La exsecretaria de Educación del Quindío tendrá ahora la oportunidad de presentar sus descargos y solicitar las pruebas que considere pertinentes para defenderse de los cargos formulados por ente de control.
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