La decisión se tomó justificando que los vehículos son bienes particulares.
En las últimas horas, el Tribunal Superior del Distrito de Santa Marta declaró como improcedente una acción de tutela en contra de la propaganda electoral en el transporte público.
Esta, había sido interpuesta por el ciudadano Miguel Martínez, a considerar indebida el uso de vehículos como taxis y buses para publicitar candidatos políticos.
La supuesta vulneración involucraba a la Alcaldía de Santa Marta, Policía de Tránsito, Ministerio de Transporte, entre otras entidades.
Ante esto, el Distrito enfatizó que, “no están vulnerando ningún derecho, ya que la ley habilita la libertad a los candidatos de diferentes partidos a utilizar medios de publicidad para darse a conocer y ganar votantes”.
Lo anterior, enfatizando que, aunque los taxis y servicio público en general no son bienes del Estado, sino individuales, por lo que los dueños de los vehículos tienen la potestad de apoyar al candidato que prefieran; en consecuencia, suple el estudio y la competencia de la jurisdicción ordinaria.