La exalcaldesa de Armenia, Quindío, Luz Piedad Valencia Franco, ha sido destituida e inhabilitada por la Procuraduría General de la Nación debido a actos de corrupción relacionados con contratos de infraestructura vial. La sanción impuesta a Valencia Franco es de 18 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La investigación realizada por el Ministerio Público reveló que la exalcaldesa participó en pactos ilegales con su esposo, a través de los cuales recibió beneficios indirectos, con el fin de facilitar la adjudicación de contratos para proyectos de construcción y mantenimiento de infraestructura vial. Estos contratos, que implicaron recursos de valorización por un total de $17 mil millones, fueron otorgados a las empresas representadas por el contratista Fernando León Díez.
Además de Luz Piedad Valencia Franco, otras personas involucradas en este caso de corrupción también han sido sancionadas. El entonces secretario de Infraestructura, Julio César Escobar Posada, ha sido destituido e inhabilitado por 15 años, igual que el director y subdirector del Departamento Administrativo Jurídico, Ricardo Arturo Ramírez Londoño y Juan Sebastián Londoño Forero.
La exalcaldesa delegó facultades de contratación al Departamento Administrativo Jurídico y a la Secretaría de Infraestructura, lo que permitió que se suscribieran contratos con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDUA) que facilitaron la realización de los proyectos de construcción a cargo del contratista Fernando León Díez. Esta acción buscaba dar una apariencia de legalidad a los acuerdos ilegales.
Las conductas de Luz Piedad Valencia Franco fueron calificadas como delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, suscripción de contratos sin requisitos legales y peculado en provecho propio y de terceros. En el caso del secretario de Infraestructura, se encontró que también incurrió en las mismas conductas que la exalcaldesa al firmar contratos sin los requisitos legales requeridos.
El director del Departamento Jurídico del municipio de Armenia, Ricardo Ramírez Londoño, fue encontrado responsable de concertarse para cometer conductas delictivas y por la celebración de contrato sin requisitos legales. Por su parte, el entonces subdirector del Departamento Administrativo Jurídico, Juan Sebastián Londoño, ha sido acusado de falsedad ideológica en documento público, concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin requisitos legales.