Al cierre del año y tras los avances en la conformación de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la guerrilla del ELN, la Defensoría del Pueblo presentó un mapa nacional de riesgos por la presencia del ELN en el país, en el cual se observan las zonas de mayor influencia de este grupo armado ilegal. En este mapa no se incluye al departamento del Quindío.
“En el arranque de la mesa de diálogo con la guerrilla del ELN, desde la Defensoría del Pueblo le solicitamos a este grupo armado ilegal que frene las acciones que generan confinamientos o desplazamiento de comunidades, retenciones, homicidios selectivos o reclutamiento de menores de edad, entre otras vulneraciones en contra de las comunidades”, recalcó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
El mapa nacional de riesgos por la presencia del ELN elaborado por la Defensoría del Pueblo, detalla que este grupo armado tiene presencia, hace tránsito o intermitencia en 212 municipios de 22 departamentos del país, principalmente, en Norte de Santander, Chocó, Arauca, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
Otras regiones con una presencia importante del ELN son: Tolima, Risaralda, Caldas, Córdoba, Bolívar, Atlántico, Cesar, Magdalena, Sucre, La Guajira, Boyacá, Casanare, Vichada y Guainía, además de Cundinamarca y Bogotá.
El accionar de este grupo armado tiene características muy variadas en las distintas regiones del país, en varias zonas se encuentra en un proceso expansivo, en otras de consolidación y en otras en disputa con otros grupos armados.
Por ejemplo, en Norte de Santander, en particular en la región del Catatumbo, el ELN está consolidado. En Nariño tiene la intensión de expansión. En Arauca mantiene disputas con disidencias de las Farc y en En Chocó mantiene una disputa por el control social y territorial con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) – Clan del Golfo.
En el mapa, elaborado desde el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), se revela que entre el 2017 y el 2022 la Defensoría del Pueblo ha emitido 148 alertas tempranas por el accionar del ELN, en las cuales se ha mostrado los diferentes riesgos a la vida e integridad en contra de las comunidades en diferentes regiones del país.
Carlos Camargo recalcó la necesidad de que este grupo armado cese sus acciones, particularmente aquellas que afectan a la población civil; e hizo un llamado a los demás grupos armados ilegales para que acojan los llamados al diálogo que viene haciendo el Gobierno Nacional de cara a un proceso de paz.
Finalmente, recalcó que la Defensoría del Pueblo permanecerá atento como órgano garante para que lo que se acuerde sea compatible con las obligaciones que tiene Colombia en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y que existan los mínimos de investigación y juzgamiento y pueda monitorear de primera mano los compromisos adquiridos.