La Defensoría del Pueblo, a través de la Regional Risaralda, participó en la audiencia de seguimiento de las medidas cautelares convocada por la Justicia Especial para la Paz (JEP) en el municipio de Marsella, que es emblemático por tener un alto número de cuerpos identificados sin reclamar y cuerpos sin identificar en el cementerio Jesús Maria Estrada.
Durante la audiencia se analizó la situación de los 27 cementerios ubicados en los municipios de los departamentos de Risaralda y de Quindío, y se reconoció a las personas que buscan a sus familiares, especialmente a las mujeres que están en esta búsqueda.
Durante los dos días se brindó información acerca del número de las víctimas de desaparición forzada, de la protección de los cuerpos no identificados sin reclamar y de los cuerpos identificados sin reclamar que reposan en estos cementerios sobre los cuales versa la medida cautelar.
En este audiencia participaron las gobernaciones de Risaralda y de Quindío, el Ministerio del Interior, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, la Fundación Supervivientes Maná Funda Maná, la Organización Tierra Nueva de Víctimas Terranova, el MOVICE, la Corporación MIMBRE Legado para la Paz, CRIDEC, EQUITAS, CEDAT, la Asociación de Familiares Víctimas de Trujillo EQUITAS, entre otros líderes, lideresas defensores y defensoras de derechos humanos representantes de las víctimas.
La audiencia contó con la participación de artistas que han apoyado desde el proceso creativo las luchas de las víctimas de desaparición forzada y el reconocimiento de las personas buscadoras.
Se concluyó, que a pesar de los esfuerzos de todas las instituciones, la garantía de los derechos de las víctimas de desaparición forzada es insuficiente, por lo tanto, la medida cautelar sobre estos 27 cementerios se prorroga y se decide sumar a la Gobernación del Valle y a los municipios del Norte del Valle, para que también den cuentas por el contexto territorial que genera el recorrido del Río Cauca.
La Defensoría del Pueblo solicitó a todas las entidades del Estado realizar acciones afirmativas concretas para materializar la búsqueda y el cumplimiento de la Ley 1408 y el Decreto 303 de 2015, dado que es evidente la falta de conocimiento y de aplicación de esta.