Los uniformados negociaban millonarias sumas de dinero con sujetos que capturaban y luego los dejaban en libertad.
Tres policías fueron judicializados por presuntamente ser responsables de exigir dinero a personas que estarían implicadas en delitos, los uniformados pedían dinero a los investigados, con el objetivo de no capturarlos.
La captura se dio gracias a una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Cundinamarca y en articulación con el Gaula de la Policía Nacional.
Lea también: Encanados 18 sujetos tras redada contra la delincuencia en Cundinamarca
Los patrulleros encargados de sobornar a las personas implicadas en delitos, fueron identificados como, Campo Segundo Escobar Jiménez, oriundo de Santa Marta, Iván Darío Mejía Díaz y Jesús Yoleanis Parra Carrillo, adscritos a la estación de Policía de Soacha, Cundinamarca.
Al parecer, los uniformados habrían aprovechado sus cargos para instalar falsos puestos de control donde capturaban a personas que estarían involucradas en delitos y los retenían hasta que accedían a pagar sumas que oscilaban entre los 5 y 12 millones de pesos.
Según información preliminar, los policías aprovechaban las horas de la noche para realizar las actividades ilícitas.
Así mismo, se logró determinar que los uniformados contaban con la ayuda de personas que adicionalmente apoyaban falsas versiones que inculpaban a las personas que eran retenidas y de esa manera daban mayor credibilidad a la supuesta judicialización.
De acuerdo con las denuncias, los ahora procesados estarían involucrados en por lo menos, ocho eventos durante los cuales se habrían apropiado de cerca de cincuenta millones de pesos.
Uno de los casos más recientes se registró el pasado 11 de mayo, cuando fueron retenidas tres personas, aparentemente, responsables de porte de sustancias alucinógenas.
Le puede interesar: Atroz ataque a punta de correa a su mascota en Bogotá: el hombre fue judicializado
En la investigación se estableció que los presuntos implicados habrían recibido cinco millones de pesos por parte de las víctimas. Dicho pago, habría impedido el reporte de las capturas ante las autoridades competentes.
Por estos hechos, una fiscal seccional imputó a los funcionarios los delitos de concusión, cohecho propio, concierto para delinquir y secuestro extorsivo. Un juez con función de control de garantías impuso a los investigados, medidas de aseguramiento en establecimientos carcelarios.