Dando cumplimiento a la sentencia 122 de 2022 de la Corte Constitucional, que está relacionada con la población carcelaria, se realizó el Comité de Seguimiento Penitenciario y Carcelario, liderado por la Gobernación del Quindío con presencia de autoridades, alcaldes, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Inpec, Procuraduría y directores de centros penitenciarios, con el fin de revisar la problemática de hacinamiento y buscar la garantía de los derechos de esta población.
Desde la gobernación del Quindío se indicó: “Vamos a realizar brigadas de salud odontológica y psicológica. Se realizará la intervención de los calabozos de la Sijín, se mantendrá la vinculación al sistema de seguridad en salud de los detenidos con medida de aseguramiento preventiva, se revisará la generación de convenios con el Inpec, y se entregarán colchonetas y kits para dormir en la permanencia de Calarcá”.
Igualmente, se revisará con la Procuraduría el proyecto del pabellón modular en el centro penitenciario de Calarcá, para retomar una iniciativa que viene desde el Gobierno Nacional, y se elevará la consulta al Ministerio del Interior para la revisión de una posible inversión de unos recursos del Fonset para mitigar la problemática de hacinamiento.